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El proyecto Ley sobre delitos financieros, compuesta originalmente por 16 artículos, sufrió modificaciones por parte del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de Valores. Según el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa estas modificaciones tienen el propósito de reforzar las facultades para realizar investigaciones e imponer sanciones.
El procurador Sossa informó que durante las sesiones se incorporaron al proyecto, que ya fue aprobado en primer debate, algunos artículos que aunque no tengan relación directa con delitos financieros, sí tienen relación directa con mecanismos de procedimiento que contribuirán a agilizar el trabajo en los despachos de instrucción.
Entre las facultades para investigar que se le confiere a la Comisión Nacional de Valores, destaca la que le autoriza a examinar los libros, cuentas y documentos de la empresa que se sospeche ejerza sus actividades sin licencia.
Si fuera necesario, la Comisión podrá intervenir los establecimientos en que se presuma la realización de actividades de intermediación o de captación de fondos sin licencia o autorización, se señala en el proyecto.
De comprobarse el hecho, la Comisión tiene la facultad de ordenar el cierre del local con el auxilio de la Fuerza Pública, se agrega. Así mismo quedó contemplada la imposición de multas administrativas hasta por un millón de balboas para cualquier persona que mediante la realización de cualesquiera actividades prohibidas viole los contenidas del proyecto de ley.
Se indica que el que en beneficio propio o de un tercero, mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apodere, haga uso indebido u ocasione la transferencia ilícita de los dineros, valores, bienes y otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera, así como de cualquiera otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que le hayan sido confiados a esta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Queda establecido que usar o divulgar indebidamente información confidencial, obtenida por medio de una relación
privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que ocasione perjuicio o se obtenga un provecho para sí o para un tercero, será sancionado con prisión de tres a cuatro años. Para los efectos de proyecto, se considera como información confidencial la que por su naturaleza puede influir en los precios de los valores y que aún no ha sido hecha del conocimiento público.
Para Carlos Barsallo, de la Comisión Nacional de Valores, uno de los mecanismos introducidos que ofrecerá seguridad a los inversionistas es el que permite investigar y sancionar no solo al director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, sino a los subsidiarios y afiliados de empresas registradas.
"Podemos tener el problema que la sociedad investigada solo sea un cascarón y el control esté fuera de ella, como se da en la mayoría de las ocasiones", agregó Barsallo. Dijo que la garantía para el ciudadano está en que mediante la norma se advierte de antemano a todas las sociedades que se encuentren en esa situación sobre la posibilidad de realizar un procedimiento no arbitrario ni a posteriori, sino legal, en caso de ser necesario. El proyecto será remitido en los próximos días al pleno de la Asamblea para los trámites correspondientes al segundo y tercer debate.
Queda establecido que usar o divulgar indebidamente información confidencial, obtenida por medio de una relación privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que ocasione perjuicio o se obtenga un provecho para sí o para un tercero, será sancionado con prisión de tres a cuatro años. |