|
SURAMERICA
Paraguay da un tímido primer paso hacia privatización de entes públicos
Asunción
AP
Con la aprobación de la ley que privatiza tres de las 16 empresas reforma estructural, en momentos en que esta capital se ve invadida por campesinos sin tierra, mendigos indígenas y obreros en huelga. Tras ocho meses de penoso debate, el congreso aprobó una ley que dispone la venta directa o capitalización de los entes que administran los servicios telefónicos, el acueducto y los ferrocarriles. Las tres compañías han sido históricamente como un botín de guerra del gobernante Partido Colorado, en el poder en forma ininterrumpida desde 1947. Sólo sus afiliados podían y pueden aún hoy ser empleados en ellas. Los políticos oficialistas las han utilizado de manera prebendaria para asegurarse votos en las elecciones pero no han podido frenar, a lo largo de 53 años, su crecimiento desmesurado. Para su privatización sólo falta ahora que, en dos o tres meses, se convoque a una licitación nacional e internacional para recibir ofertas por esas empresas. El recientemente destituido ministro de Economía, Federico Zayas, advirtió a González Macchi que las finanzas del estado están ya agotadas y "no puede seguir soportando la carga de 200.000 funcionarios públicos. O reformamos el estado o colapsamos". Aparentemente, la sinceridad de esas declaraciones ocasionó su destitución. El senador Gonzalo Quintana del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal de la oposición parlamentaria, afirmó que en los últimos doce meses "dicté más de 200 conferencias y charlas en el interior del país promocionando la necesidad de la reforma del estado pero la cosa no termina con las privatizaciones". "El país necesita reformarse en forma amplia, debe sincerar su presupuesto general de gastos. Tenemos un déficit alarmante en educación y salud", apuntó. El actual ministro de Economía, Francisco Oviedo, explicó que el 52% del presupuesto del estado se dedica al pago de salarios. Los 200.000 funcionarios estatales incluyen 15.000 soldados, 8.000 policías, 50.000 maestros y decenas de miles de empleados de ministerios y entes descentralizados o autónomos. La prensa y el empresariado aplaudieron la aprobación de la ley de la reforma, pero ello no ha disminuido la pobreza evidente en toda la nación. En el interior, extensas propiedades privadas son invadidas diariamente por los denominados "sin tierra", quienes, una vez asentados, reclaman del gobierno la expropiación de los terrenos. Decenas de esos campesinos invadieron la capital para reclamar la entrega de tierra en diferentes zonas del país. Los "sin tierra" viven en las peores condiciones, bajo carpas erigidas en las plazas del centro o en los alrededores de los templos católicos. Asunción, convertida de hecho en un campamento de refugiados, no sólo ofrece imágenes lastimeras de niños que piden limosnas por las calles, sino también de obreros en huelga de hambre como protesta por su despido debido a la recesión económica y, últimamente, de grupos de diferentes etnias indígenas que reclaman la devolución de sus tierras ancestrales.
|
