El cuestionamiento de Estados Unidos al sistema de justicia panameño, es algo recurrente. Cada cierto tiempo el embajador de turno de la mayor potencia del mundo o algunos de los informes del Departamento de Estado, realizan críticas al Organo Judicial.
Ahora el turno fue de William Eaton, quien palabras más o palabras menos, expresó que los inversionistas decentes y la mafia, tienen una pugna abierta para controlar la riqueza en Panamá.
En cualquier otro país, el diplomático sería llamado a concretar sus afirmaciones y de paso iniciar las investigaciones pertinentes; de no hacerlo el gobierno panameño debería llamarle la atención.
Sin embargo, todo indica que lo dicho por Eaton quedará sólo en palabras pronunciadas al calor de un discurso. El problema de la justicia seguirá o el Ejecutivo nombrará una enésima comisión para proponer cambios en el sistema judicial.
Ya en marzo del 2005 se estableció una Comisión para un Pacto por la Justicia que presentó una serie de recomendaciones al Ejecutivo, algunas de las cuales se pusieron en marcha y otras todavía están en vías de ejecución.
Pero el problema no son las leyes, son los seleccionados para impartir justicia. Ya en Panamá hay suficiente legislación sobre la materia. Ninguna ley podrá evitar que un funcionario sea tentado por la corrupción.
El tráfico de influencia, el amiguismo y el soborno son los principales elementos que afectan la imagen del sistema judicial en Panamá. No se trata sólo del Organo Judicial; la situación se produce en las cárceles, en las instancias de investigación y los cuerpos de Policía. Esa es la realidad de nuestro problema y debemos atacarlo, sin esperar que alguien de afuera nos señale lo que todos sabemos.