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Juez decide hoy si extraditan o no a Pinochet
Agencias
Internacionales
Un juez británico decidirá hoy en Londres si extradita o no al ex dictador chileno Augusto Pinochet a España y, a falta de indicios sobre esa decisión, lo único seguro hasta ayer era que tanto la fiscalía como la defensa del general apelarán la sentencia según el tenor que tenga. Por su parte, las autoridades chilenas ratificaron ante Gran Bretaña que Pinochet, detenido en Londres desde octubre de 1998, enfrenta un agravamiento de su salud, según informó ayer el canciller chileno Juan Gabriel Valdés. "Nosotros hemos ratificado al Gobierno británico la situación de salud del general Pinochet", señaló el ministro. En tanto, el juez Ronald Bartle debe anunciar hoy a 11 horas locales en el tribunal de Bow Street si acoge la demanda de extradición formulada por la justicia española por intermedio de la fiscalía inglesa contra el ex hombre fuerte de Chile acusado de 34 casos de tortura en los dos últimos años de su gobierno (1973-1990). Todas las otras acusaciones formuladas por el juez español Baltasar Garzón para hacer detener a Pinochet hace un año en Londres han sido desestimadas por la justicia británica, entre ellas numerosas muertes y desapariciones y la acusación de "genocidio" contra la izquierda chilena. Quedan en pie las 34 acusaciones de tortura sobre hechos registrados en Chile después de que Gran Bretaña hubiera firmado la convención internacional contra la tortura y, además, una acusación de Garzón sobre "conspiración para torturar". El aspecto judicial del caso Pinochet se ve cada vez más marcado, según observadores, por los tintes políticos que se acentúan no sólo dentro de Chile sino también a nivel internacional, sobre todo por la acción diplomática del gobierno democristiano-socialista chileno que exige la liberación del senador. Chile, apoyado por el gobierno de Argentina, denuncia que España se ha arrogado el derecho de hacer justicia en sus antiguas posesiones coloniales de América y esta posición ha sido reforzada por el ex presidente socialista del gobierno español, Felipe González. El 24 de septiembre, Felipe González confirmó en Madrid que piensa que Pinochet debe ser juzgado en Chile porque España "perdió hace 180 años la capacidad de impartir justicia en las colonias". Seis días después le hizo eco en Miami, Estados Unidos, el presidente argentino Carlos Menem, reiterando que, como el presidente chileno, Eduardo Frei, no concurrirá a la Cumbre Iberoamericana de noviembre. "No soy partidario de Pinochet" -dijo- "pero esta injerencia del poder judicial de España en los asuntos internos de Chile es insoportable, es inconcebible, nos colonizaron, nos evangelizaron hace siglos y hoy no podemos aceptar que ahora nos quieran colonizar judicialmente". Las presiones sobre el gobierno derechista español de José María Aznar parecieron tener éxito un momento cuando dos funcionarios españoles se entrevistaron en Londres con el fiscal inglés que se ocupa del caso Pinochet, y le plantearon la eventualidad de que se abstuviera de apelar contra la sentencia del juez Bartle, si éste decidía rechazar la demanda de extradición. En esta hipótesis, el ex presidente chileno tendría que ser puesto en libertad y podría retornar a su país de inmediato. Pero la iniciativa española fue revelada por el diario madrileño El País y este jueves el gobierno de España, después de desmentir, anunció formalmente que apelará de inmediato en caso de sentencia favorable a Pinochet, tal como lo había previsto el juez Garzón. Esto quiere decir que es imposible que Pinochet pueda recuperar su libertad por decisión este viernes del juez Bartle, ya que quedan abiertos engorrosos trámites de apelación ante la Alta Corte primero y después ante la Cámara de los Lores. La politización internacional del problema de la violación de los derechos humanos se acentuó cuando este miércoles la líder conservadora británica, Margaret Thatcher, lanzó en Blackpool (noroeste de Inglaterra) un ataque de una energía sin precedentes de un ex primer ministro contra otro en ejercicio, el laborista Tony Blair. La "Dama de Hierro", que no ha perdido nada de su combatividad y bombardeó en Blackpool también a Europa continental, culpable -dijo- de todos los problemas que ha tenido Gran Bretaña, acusó a los gobiernos de España y de Gran Bretaña de haber organizado un "proceso fantoche" que tiene como única salida para Pinochet "una muerte lenta en un país extranjero". Thatcher atribuyó esta situación a "la internacional izquierdista" y afirmó que Gran Bretaña colaboró en "un secuestro judicial" al detener a Pinochet en octubre de 1998 en condiciones propias de "un Estado policial" recogiendo las acusaciones del juez Garzón que son "un amontonamiento de cargos sobre lo que se le ocurrió". Para Thatcher, el honor del Reino Unido ha "quedado mancillado" por la "tragedia" del arresto del ex general, un acto de naturaleza a "alentar" a los comunistas chilenos a intentar derrocar el gobierno de Santiago" ya que "el senador Pinochet no es juzgado por lo que dice el acta de acusación del juez Garzón sino por haber vencido al comunismo". Pinotretanto, a sus casi 84 anos, ha sufrido dos pequeños ataques cerebrales y su salud se ha resentido tanto -según los médicos que lo siguen- que el juez Ronald Bartle decidió permitirle que no concurra al tribunal para escuchar la sentencia. Así, Augusto Pinochet esperará en su domicilio la decisión judicial, rodeado de familiares y amigos mientras que, en la calle, frente al tribunal, intercambiarán consignas e insultos sus partidarios venidos a Londres desde Chile y sus enemigos que viven en la capital británica.
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