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EDITORIAL
Libertad de expresión
El manejo del oficialismo a materias sensitivas como la libertad de expresión y prensa, ha provocado que el gobierno de la mandataria Mireya Moscoso esté a punto de enfrentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Tanto el Colegio de Periodistas como el Fórum de Periodistas han anunciado que denunciarán en Washington, la violación persistente a la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo en Panamá, al insistir el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en mantener y crear leyes restrictivas al ejercicio profesional.
Esta decisión mancomunada de los gremios periodísticos panameños se convierte en la punta de lanza que sale en defensa de la libertad de expresión.
Esta denuncia, fuera de las fronteras, dejará un sinsabor y un mensaje al Gobierno, ya que se recalcará que la situación se ha agravado en los últimos meses, debido al nombramiento de la comisión que busca regular los medios de radio, prensa y televisión.
No todo queda allí. Existe la otra amenaza de presentar dos proyectos que buscan la injerencia del Estado y la aplicación de la censura en los medios.
En pleno siglo XXI las palabras censura y limitación deben desaparecer del vocabulario de los gobernantes, pues la época del garrote es una página de la historia, la cual está prohibido releer.
Panamá, que ha sido incluida en diversas listas negras, puede entrar en otro listado: el de países que tratan de restringir la libertad de prensa.
Aunque el Gobierno tiene problemas de sobra, ahora, a causa de algunos trogloditas, tendrá que enfrentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La cacareada libertad de expresión que gritan los pueblos del mundo, sobre todo, en los regímenes democráticos, está en peligro en Panamá.
Las restricciones que se intentan aplicar al ejercicio del periodismo van de la mano con las imposiciones de gobiernos autocráticos, que buscan acallar las voces independientes.
En nuestra América, algunos países han recibido una cruz al lado de una lista para describir que tal nación ejerce cortapisas para impedir el ejercicio total de la libertad de expresión.
Panamá no escapa de la realidad regional.
El país se ubica en un rango peligroso que involucra procesos contra periodistas y leyes que impiden el pleno ejercicio de los comunicadores sociales. El mejor paso ante lo que viene, es dejar sin efecto las iniciativas que buscan controlar lo que se publique en los medios. En todo caso, que sea la sociedad la que escoja con libertad lo que quiere ver, escuchar o leer.
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PUNTO CRITICO |
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