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Desde este periódico, antes del informe de la Comisión de la Verdad, en dos artículos sustentamos que los crímenes fueron “Crímenes de Estado”, por lo tanto, le corresponde al gobierno asumir las responsabilidades moral y material del caso.
El planteamiento del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá va en la dirección correcta al solicitar la creación de la Comisión Nacional de Reparación de la Verdad.
Es más, las condiciones son mucho más favorables porque se cuenta con la Defensoría del Pueblo, organismo que juega un papel fundamental en buscar la justicia en este capítulo de la historia panameña.
En el renglón 25 del informe oficial de la Comisión de la Verdad, nombrada por el Ejecutivo, fueron encontrados restos óseos relacionados con la investigaciones, donde hay que resaltar los desenterrados en los cuarteles militares.
Edwin Wald, presidente de COPADEPA, con mucha razón reconoce que a los empleados despedidos del IRHE en la administración del mandatario Guillermo Endara, una corte internacional obligó al gobierno a indemnizar con B/.10 millones s. En el caso de nuestros mártires de la libertad, a sus familiares con sobradas razones, el Estado panameño debe dar una compensación.
La Defensoría del Pueblo es el canal más apropiado para mediar y guiar en esta situación. El gobierno debe mantener esa vía institucional, como lo hizo en la Comisión de la Verdad, porque no se puede permitir que se pierda ese curso que ha llevado y que cuenta con el apoyo del organismo de los derechos humanos. |
