La CLICAC y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) fueron creados, la primera, para garantizar la libre competencia y, de esa manera, supuestamente, beneficiar a los consumidores; el segundo, para regular y vigilar la adecuada prestación de los servicios públicos y, también, supuestamente, proteger a los consumidores contra los abusos y excesos de las empresas concesionarias.
En ambas instituciones se nombraron tres comisionados, cada uno con salario de 10, 000 mensuales; se las dotó de magnificas oficinas refrigeradas, automóviles y todas las facilidades imaginables y, además, de funcionarios, también muy bien pagados. Creadas a los inicios de 1996, en sus 10 años de vida han consumido alrededor de 80 millones de dólares. Sin embargo, los resultados de su gestión a favor de los consumidores, que pagamos sus salarios y, en consecuencia, estamos supuestos a ser defendidos por ellos, son imperceptibles. Siempre están prestos para explicar porqué todo sube, pero jamás dicen que hacen para que algo baje.
En la Asamblea Legislativa, fue presentado el año pasado un proyecto de ley, por el entonces legislador y ahora presidente de ese órgano, Elías Castillo, que pretendía introducir importantes cambios al funcionamiento de la CLICAC y el ERSP, entre ellos, fundirlos, para de esa manera reducir sus costos operativos y, además, crear la Defensoría del Consumidor. La iniciativa, era muy positiva pero nunca prosperó; fuerzas extrañas la sepultaron en la cuna.
Después de 10 años de existencia de la CLICAC y el ERSP, es imperativo que se haga una sería revisión de su efectividad en comparación con los recursos que consumen. Reabrir la discusión del proyecto Castillo no es sólo oportuno sino necesario.
