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Afectados por pesticidas piden protección legal en Nicaragua
Managua
REUTERS
Amenazados con una muerte lenta, decenas de trabajadores de las bananeras de Nicaragua decidieron acampar frente al parlamento en busca de apoyo para enjuiciar a transnacionales que fabricaron y usaron un letal pesticida. Hace 25 años, esos trabajadores no se imaginaron que su trabajo en las fincas bananeras de Chinandega, al noroeste de Nicaragua, se volvería una pesadilla que aseguran ha dejado 82 muertos en los últimos meses y numerosas dolencias entre 22.000 trabajadores y sus familiares. Los campesinos acordaron trasladar su drama a la Asamblea Nacional desde hace una semana, para exigir una ley que respaldaría la radicación de un juicio colectivo en Estados Unidos contra la transnacional Shell y otras compañías. "Los médicos me mandaron que me conformara, que esperara la misericordia de la muerte, que es lo que nos esperaba a mí y a mis hijos, a toda mi familia", dijo Lucas Barahona, que a sus 44 años de edad tiene rostro y cuerpo enjutos. Barahona es padre de dos niños de 5 y 12 años quienes, que, al igual que él, también sufren deformaciones en los huesos, escasa visión y pérdidas irrecuperables de peso por el contacto con el pesticida en las fincas El Viejo. Otros de los síntomas provocados por el plaguicida son la esterilidad, cáncer en huesos y piel, ceguera, dolencias respiratorias y afecciones cardíacas, así como alteraciones nerviosas, indicaron los trabajadores. DENUNCIA CONTRA EL PESTICIDA EN 1994 La ley que los trabajadores exigen de la Asamblea contribuiría a que las bananeras indemnizaran a los afectados por el pesticida DBCP, conocido como "negamón" y "fumazón" en la década de 1970. El uso del pesticida fue denunciado en 1984 por la Red Internacional de Acción de Plaguicidas, ya que sus efectos permanecen en los hijos de los afectados. Espinales sostuvo que el miércoles suspendieron una huelga de hambre ante el compromiso de diputados de una comisión especial de apoyar el proyecto de ley presentado en 1996 con un dictamen favorable a su aprobación. La ley podría aprobarse la próxima semana, porque existe voluntad de todos los partidos políticos, dijo a Reuters el diputado sandinista y ex vicecanciller, Víctor Hugo Tinoco. "Creo que hay voluntad de buscar cómo ayudar a los bananeros, lo que pasa es que hasta ahora había habido una falta de atención y una insensibilidad por parte del gobierno por un temor absurdo de ahuyentar las inversiones", apuntó. BANANO ES UNA DE PRINCIPALES EXPORTACIONES El banano emplea directamente a unas 5.000 personas y constituye uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, que en 1999 obtuvo divisas por unos 13,6 millones de dólares. En la década de 1960 las fincas de Chinandega, a unos 200 kilómetros de Managua y propiedad de productores locales, fueron arrendadas a la Standard Fruit Company, que se encargó de la producción y comercialización del banano. Las transnacionales salieron de Nicaragua tras el triunfo de la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979 y la instauración de un gobierno izquierdista que implementó una política de expropiaciones. "Ahora todo ha cambiado", aseguran los productores nicaragüenses, que señalan entre sus prioridades la atención y protección de sus trabajadores, según dijo a la prensa el director médico de fincas El Viejo, José Gasteazoro. Pese a ello, el procurador de Derechos Humanos, Benjam estudiaría denuncias sobre la comercialización del nemagón en otras zonas del país. Mientras tanto, los campesinos están decididos a permanecer el tiempo que sea necesario frente a la asamblea para lograr el apoyo estatal e iniciar la querella judicial que pide indemnizaciones de 50.000 dólares por persona. "Hemos llegado a la conclusión de que este problema es un tanto parecido a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que se lanzaron pero que sus efectos son a largo plazo: 25 años después estamos sufriendo las consecuencias de ese producto nocivo encima de los seres humanos", dijo Espinales.
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