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 Jueves 7 de septiembre de 2000


Ríos Montt en la mira del desafuero

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Agencias
Internacionales

El futuro político del ex dictador Efraín Ríos Montt y 23 diputados del partido gobernante en Guatemala será decidido el viernes, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictamine sobre un pedido para retirarle sus fueros parlamentarios.

Diputados opositores acusan a Ríos Montt y sus compañeros del gobernante Frente Republicano Guatemalteco de haber alterado ilegalmente una ley que grava la distribución de licores, así como de destruir las pruebas que los inculpan y falsificar documentos oficiales.

El juez pesquisidor, Eléazar López, a quien la CSJ le encomendó investigar si los acusados incurrieron en delito, debía emitir su informe a más tardar ayer miércoles.

"He recabado todas las pruebas y he escuchado a todas las personas implicadas, excepto a los diputados", dijo López a Reuters esta semana.

Los legisladores acusados, que si pierden sus fueros podrán enfrentar a los tribunales como ciudadanos comunes, se han negado a comparecer ante el juez, sin justificación alguna.

Según el juez López, el general retirado Ríos Montt, quien gobernó Guatemala en 1982-1983 tras dar un golpe de Estado, y los otros 23 congresistas son investigados por los delitos de falsedad ideológica y material, violación a la Constitución y alteración de documentos públicos.

La legislación guatemalteca contempla penas de hasta seis años de prisión por la comisión de esos delitos.

Uno de los 13 magistrados que integran la CSJ, que solicitó el anonimato, dijo a Reuters que "es evidente que los diputados incurrieron en delito, por lo que es casi seguro que se declare el desafuero".

El diputado Leonel López Rodas, secretario general del opositor Partido de Avanzada Nacional (PAN) y uno de los denunciantes, calificó el caso como "uno de los escándalos políticos más vergonzosos de la historia de Guatemala".

Los abogados de Ríos Montt solicitaron la semana pasada a la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal de este país, que dejara sin efecto las pesquisas de López, sin embargo esa petición fue rechazada por considerarse improcedente.

Si la CSJ accede a desaforar a Ríos Montt, además de este caso, el ex golpista podría enfrentar otras demandas judiciales por supuestas violaciones a los derechos humanos.

Ríos Montt gobernó esta nación centroamericana durante los años más sangrientos de la guerra civil que vivió el país. Organizaciones de derechos humanos lo acusan de haber ordenado centenares de masacres de indígenas mayas durante su gobierno.

La Premio Nobel de la Paz 1992, la indígena Rigoberta Menchú, presentó en 1999 una denuncia en su contra ante la Audiencia Nacional de España, por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y tortura.

En esa oportunidad, Menchú dijo a periodistas que había acudido a España "porque en Guatemala el sistema de justicia protege a los militares que han violado los derechos humanos".

Ríos Montt fue electo diputado en diciembre, en las elecciones que llevaron al poder al presidente Alfonso Portillo.

El ex dictador y el resto de diputados acusados se han negado a hablar con la prensa sobre el caso, aduciendo que sólo lo harán ante los tribunales de justicia.

 

 

 

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