En un extraño ejercicio legislativo, los panameños nos hemos prohibido la pesca del atún en nuestras propias costas. Este movimiento del parlamento ha permitido que toda la riqueza marina panameña sea para provecho de los costarricenses.
Este "camarón" se introdujo al ser derogado el artículo 11 de la Ley de Coiba y ha quedado en evidencia que no fue discutido por los parlamentarios, y sin sustentación alguna fue sorpresivamente aprobado en segundo debate (según nota del 24 de agosto del 2008 dirigida al diputado Yassir Purcait, Presidente de la Comisión de Comercio e Industrias y asuntos Económicos de esta corporación).
Ante la aprobación de esta aberración legislativa, que sin duda afecta los intereses del país, ha salido en su defensa una organización ambientalista denominada MarViva, Crítica en Línea de Costa Rica. Su directora, Gabriela Etchelecu, se ha atrevido a asegurar que la norma fue discutida a profundidad, debatida con detenimiento y "ampliamente consensuada", algo que jamás ocurrió.
"Este artículo no recibió primer debate y fue aprobado directamente en el segundo debate", señaló el entonces Presidente de la Asamblea, Pedro Miguel González. Este fue apoyado por su colega Purcait, quien dijo "estar a favor de que el artículo tenga el debate que nunca tuvo".
La industria atunera ha logrado exitosas operaciones en Costa Rica y son muchos los millones de dólares que produce al año y es por eso que González dijo que, por ser el atún un pez migratorio se favorece su captura, y al prohibirse su pesca en el litoral Pacífico panameño, se favorece a los pescadores del hermano país.
La gravedad del asunto estriba en que con el "camarón" que se coló en la Asamblea, se amplían los límites de pesca más allá del parque nacional de Coiba, imposibilitando el desarrollo de estas actividades y de las que están con ellas relacionadas. El caso de MarViva y la penetración que tiene en Panamá para proteger los intereses de los ticos, es un claro ejemplo de las cosas que ocurren en nuestro país, donde el Estado es rebasado y manipulado por todo tipo de intereses económicos.
No nos imaginamos a un grupo ambientalista panameño luchando para impedir una actividad generadora de ingresos millonarios y que produce una cantidad importante de empleos, justificándose con falsedades y mentiras, sin consecuencias.
De hecho, la ley del Parque de Coiba ha de ser revisada a cabalidad porque nuestro ecosistema debe ser protegido.
Una de las conclusiones a las que debemos llegar es que "no todo lo que brilla es oro" y las autoridades deben recurrir a diversos mecanismos para detectar a quienes responden a estos grupos con gran capacidad económica y que representan intereses muy distintos de los que pregonan sus representantes. Generalmente, ellos se oponen a otro tipo de proyectos de desarrollo como la minería y las hidroeléctricas y solapadamente se recogen cuando sus intereses se encuentran comprometidos.
