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Posibles elección venezolana
Venezuela
AFP
La idea del mandatario Hugo Chávez de que la nueva constitución este redactada en noviembre salió nuevamente a flote ayer, incluso con la posibilidad de que se produzcan en diciembre nuevas elecciones para relegitimar todos los cargos públicos de Venezuela, incluida la presidencia. El presidente, de 45 años, que asiste en Panamá a la toma de mando de la nueva mandataria Mireya Moscoso, expresó horas antes de su partida la noche del lunes, su preocupación por que la crisis social del país pueda provocar un peligroso "resentimiento" a un grupo de 20 asambleístas constituyentes. El diario caraqueño El Nacional indicó que el mandatario inició un ciclo de conversaciones con sus seguidores sobre el análisis de la situación política y su problemática, tras las intervenciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y asambleas legislativas regionales. Para diversos analistas, Chávez, principal impulsor de las transformaciones, entrará a una delicada fase para sus propósitos de reformas en paz, democracia y respeto a los derechos humanos, si la Corte Suprema de Justicia decide anular el decreto interventor del Congreso. La ANC incluso se autorizó a asumir funciones de las comisiones que operan en el actual periodo de receso de sesiones (delegada, finanzas y contraloría). El contralor general de Venezuela, Eduardo Roche Lander, denunció excesivo desorden en la admistración gubernamental del presidente Hugo Chávez y un aumento del 25% de los gastos secretos del Estado, sobre los cuales este organismo no ejerce ningún control. "El presupuesto nacional se redujo en 10%, mientras que los gastos secretos, incluyendo los militares, se incrementaron en 25% y son los más altos del mundo", aseguró Roche Lander. El contralor afirmó que "ni tenemos Estado ni medios para controlarlo". Explicó que sobre la partida secreta, la Contraloría no tiene ningún control (...) y que quienes las manejan, informan su ejecución directamente al Presidente de la República. Roche Lander afirmó que el sistema nacional de control sobre la administración pública está siendo limitado y advirtió que ello sólo puede crear alarma. "El Ejecutivo carece de planes, y lo que exhibe como su programa central, el Plan Bolívar 2000 (civico-militar de atención a comunidades), no dispone de objetivos, metas ni mecanismos de coordinación adecuados", estimó. No obstante, aclaró que la Contraloría "no busca entorpecer, sino que los recursos sean bien utilizados" y advirtió que "el desorden es fuente de corrupción". El contralor rechazó la intervención de los poderes públicos por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y defendió la descentralización que estima amenazada por sus futuras decisiones. Hacia el mediodía del miércoles, una comisión de parlamentarios de distintas fracciones, entre ellos el presidente del Congreso, Luis Alfonso Dávila, analizaba, a puertas cerradas, las denuncias del contralor, pero aún no se había producido ningúna declaración. En su declaraciones, Roche Lander insistió en que ve "con preocupación que pueda producirse una intervención masiva de gobernaciones y alcaldías, con lo cual se le estaría dando un duro golpe al proceso de descentralización". "Estamos convencidos de que en una democracia moderna, los cambios se construyen con más descentralización y no con más centralismo", afirmó. Precisó que "si algo puede ser nocivo para una sociedad es justamente el relajamiento de la labor de control ejercida por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, asambleas legislativas, consejos municipales y demás órganos de control". "Como Contralor ratifico que es imposible cumplir nuestra misión de control, vigilancia y auditoría sobre la administración pública, si desaparece el equilibrio y la autonomía entre los poderes del Estado", puntualizó. Una Asamblea Constituyente, electa el pasado 25 de julio, redacta la nueva carta magna y declaró las "emergencias judicial y legislativa" conformando comisiones para reestructurar los poderes legislativo y judicial.
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Una Asamblea Constituyente, electa el pasado 25 de julio, redacta la nueva carta magna y declaró las "emergencias judicial y legislativa" conformando comisiones para reestructurar los poderes legislativo y judicial.
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