El pleno de la Asamblea retomará esta semana la discusión en segundo debate del polémico proyecto de ley que obliga a las empresas telefónicas a preservar por espacio de un año una base de datos con los registros de las llamadas salientes y entrantes de sus clientes con equipos celulares de contrato y prepago.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, aboga por la necesaria adopción de una legislación especializada en materia de protección de datos con su propia autonomía respecto del derecho a la intimidad.
Consideró que la discusión actual ha abierto el debate para que se considere y legisle sobre qué tipo de investigaciones criminales y delitos puede solicitarse la información y datos.
"No pudiera ser frente a cualquier delito sobre los cuales se soliciten datos personales, sino aquellos relacionados con la seguridad del Estado, el crimen organizado y aquellos de alto perfil, ejemplo: terrorismo, narcotráfico, armas y homicidios", dijo.
Para el Defensor del Pueblo, el proyecto en cuestión, no guarda relación con las interceptaciones, escuchas o los llamados "pinchazos" telefónicos, ni la revelación del contenido de las comunicaciones, como algunos han advertido.
"Su objeto se centra en el almacenaje, conservación y custodia de cierto tipo de información que representan datos personales, que requieren de una especial y adecuada protección por parte de quien custodie o conserve los mismos", agregó.
En el artículo Nº 3 se deja sentado el hecho de que, para preservar la tutela de garantías constitucionales, la ley no podrá ser invocada en ningún caso para interceptar llamadas telefónicas.
Durante el primer debate, los voceros de las empresas Digicel, Claro-Panamá, Movistar, Cable & Wireless, Telecarrier y Cable Onda se mostraron a favor del la aprobación del documento.