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Argentina defiende territorialidad en caso presunto torturador
Agencias
Internacionales
El gobierno argentino defenderá el principio de territorialidad de la justicia en el caso de un presunto torturador de la pasada dictadura del país detenido en México y reclamado por la justicia española. "Argentina siempre va a defender el principio de territorialidad. Es básico en nuestro sistema jurídico y vamos a seguir los mecanismos normales que están previstos en nuestra legislación", dijo el lunes a periodistas el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. Ricardo Miguel Cavallo fue arrestado el jueves y permanece en una cárcel de la capital mexicana, pero su defensa alega que no es la persona reclamada por la justicia española. El juez español Baltasar Garzón, conocido internacionalmente por haber logrado el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, acusa a Cavallo de genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura argentina (1976-1983). Pero según el abogado defensor, Alvaro Carrillo, la persona reclamada por Garzón es Miguel Angel Cavallo y no el arrestado por la policía mexicana, quien en México dirigía una empresa encargada de un programa nacional de registro vehicular. Organismos argentinos de derechos humanos aseguran que el detenido en México es un ex torturador apodado "Sérpico" por sus víctimas, según ellas por la efectividad de su trabajo, y cinco detenidos sobrevivientes lo han identificado a través de fotos. López Murphy no emitió opinión sobre si el detenido responde o no a esa identidad. Cavallo ingresó el sábado al Reclusorio Oriente después que un juez mexicano giró una orden de arresto provisional de 60 días mientras se decide el proceso de extradición Argentina "tiene un plexo jurídico (legislación) por el cual ha juzgado y ha sancionado los episodios que ocurrieron en Argentina y ese es el plexo jurídico que finalmente vamos a defender", añadió por su parte López Murphy. El funcionario se refería a dos leyes sancionadas tras el retorno del país a la democracia que pusieron fin a procesos contra militares acusados de crímenes durante la dictadura y libraron de culpa a miembros de seguridad que se vieron obligados a cumplir órdenes de superiores, respectivamente. La legislación no impide, sin embargo, "que ocurran en el exterior episodios que obligan a que procedamos de acuerdo a lo que establece nuestra organización estatal", dijo el ministro, añadiendo que por ello la Cancillería está a cargo del caso.
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