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Son las ocho de la mañana. El ministerio comienza otro día con muchas personas esperando la atención para trámites legales. De repente, se abren las ventanillas. Inicia la corredera, pues los trabajadores públicos dicen que "aquí no se atiende este documento". En otro piso, se forma una discusión entre un abogado y un funcionario del Estado, ya que el primero culpa al último por la lentitud del trámite.
Dominados por el rejuego político y las presiones semi-autoritarias de sus jefes, el funcionario público así inicia su día. Tras años de supervivencia laboral, los trabajadores del Estado se han amoldado a un modo de vida en donde el "juega vivo" y la indiferencia de algunos hacia el ciudadano, se convirtieron en la forma silenciosa de protestar ante un serio problema que aqueja a los funcionarios públicos: la estabilidad.
Uno de los elementos claves de la eficiencia de una entidad pública, como un ministerio, una institución o una agencia gubernamental, es la Carrera Administra-tiva, la cual pauta un sistema de méritos y permite la estabilidad laboral de un funcionario que trabaja para el gobierno. Empero, desde hace dos años, miles de trabajadores públicos se encuentran en el limbo, debido a la suspención de las denominadas "acreditaciones", es decir, el sistema de méritos que permite ascender y legalizar en un puesto a los funcionarios públicos.
Recientemente, volvió al tapete el tema de la Carrera Administrativa, un tema que necesariamente se ha vuelto enteramente político por diversas razones. Por un lado, nos dice el Gobierno actual que la pasada Administración de Pérez Balladares puso una gran cantidad de funcionarios públicos por designación partidista (afiliados al PRD), antes de ceder el solio presidencial a la señora Mireya Moscoso.
De allí que se insistiera en que debía suspenderse la Carrera Administra-tiva, por el momento, para estudiar expedientes y méritos de los trabajadores del Estado.
En el otro lado, nos encontramos con la postura de la Federación de Servidores Públicos (FENASEP), quien acusa al gobierno actual de actuar a favor de sus afiliados, abrogando el derecho de los funcionarios del estado para acceder a la estabilidad y ascender de rango laboral.
Urge resolver el asunto de la inestabilidad laboral de los funcionarios públicos, pues el mantenerse en el limbo jurídico y profesional, afecta la productividad de los trabajadores gubernamentales. Se pierde interés por laborar eficientemente. Recordemos que la Ley 9 del 20 de junio de 1994 restableció la Carrera Adminis-trativa. Unos 9,000 funcionarios públicos se acreditaron durante este gobierno en la carrera.
Hace poco, el Director General de la Carrera Administrativa, Alberto Guerra, nos informó de que el gobierno las analizará propuestas sobre la restitución del sistema de acreditaciones de los funcionarios públicos, en donde la ministra de la Presidencia, Ivonne Young tiene poder de decisión.
Ojalá que tanto el Gobierno como la FENASEP logren un acuerdo para reencausar la Carrera Administrativa, pues ésta beneficiaría a los funcionarios públicos y a todo el mundo en general, ya que se frenaría con la ineficiencia laboral, además que acabaría con los puestos políticos, adecentando automáticamente la estructura gubernamental. |
