A un año de la gestión del actual Gobierno, las encuestas reflejan el interés de la población de cambiar las figuras del gabinete porque, según los analistas, las soluciones esperadas no han llegado de manera directa al pueblo. Sin embargo, otros sectores opinan que la carencia radica en la errónea proyección del programa político donde se han incluido reformas constitucionales, tributarias y la polémica Ley 17 que deberá regir la Seguridad Social.
Al parecer quienes apuestan por cambios en el engranaje gubernamental lo hacen para lograr ventajas y satisfacer sus intereses económicos o laborales; no parece ser descabellado que algunos pretenden los cambios para lograr ventajas de carácter político. Pero, debemos preguntarnos, con reflexión, lejos de las vibraciones emocionales, si el movimiento de fichas podrá llenar los vacíos que reclaman los diversos sectores.
La historia nos sirve de testigo al afirmar que los cambios de Gabinete en los sistemas democráticos no siempre alcanzan los efectos esperados por sus promotores. Recordemos el entorpecimiento que provocaron esos cambios en el sector agropecuario durante la administración pasada.
Las evaluaciones deben dirigirse los componentes de cada sector. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno está formado por la Policía Nacional, Correos y Telégrafos, el Cuerpo de Bomberos y otras entidades; nada se logra cambiando al jefe de la cartera sin evaluar a su vez a los jefes de las instituciones subordinadas, que deben cumplir las directrices emanadas del despacho superior y completar los niveles de participación de cada unidad normativa.
Al parecer, con la llegada de la democracia, es mejor ser el director de un Ente que ministro de Estado o diputado, porque se adquieren beneficios muy parecidos a los de los señores feudales del medioevo. A estos caballeros, los reclamos populares ni los rozan y por eso es más fácil ver incinerado por la crítica a un ministro que a un comisionado.
Empero, los cambios solicitados demuestran insatisfacción de una población sin respuesta y el gobernante debe tomarla en cuenta, a pesar que nuestro sistema presidencialista es rígido y el que ocupe la casa de Gobierno debe mantenerse por cinco años, a pesar de los sentimientos de los electores.
Al año de mandato, el Presidente deberá realizar concienzudas evaluaciones de los jefes ministeriales y de las diversas entidades para saber si cumplieron o no con sus instrucciones. De no hacerlo así, corre el riesgo de aplicar correctivos parciales y mostrar incapacidad de ejecución de sus proyectos o de no dar a conocer de forma satisfactoria lo que hace su Gobierno.
Al Ejecutivo le compete encontrar la fórmula de dar a conocer su trabajo hasta en sus mínimos detalles, porque esto no es asunto de estar desilusionado contra un mandatario o un partido político, es contra el propio sistema democrático que aún no termina de consolidarse, en un país donde los extranjeros parecen ser los que más oportunidades tienen, y los panameños aún no descubren todo su potencial.
