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Una banda conformada por funcionarios judiciales, abogados y particulares se dedicaba a falsificar sentencias de divorcios en Panamá, La Chorrera y Colón, para favorecer a colombianos y dominicanos, a quienes les cobraban hasta B/.500 por el trámite.
La PTJ inició las investigaciones hace un año a raíz de una denuncia de la jueza Elsa de Herrera. Entre los investigados figuran Niurca Flores, funcionaria del Juzgado Tercero de Familia de Chorrera, el abogado Manuel Pinilla, Benito Rodríguez Justavino; mientras que permanece prófugos Omar Alexis Batista. |