Procurador reconoce limitaciones
con que cuenta Ministerio Público
Enrique Watts Ríos
Colón - EPASA
El procurador José Antonio
Sossa reconoció las limitaciones económicas con que cuenta
el Ministerio Público e indicó que la institución trabaja
en parte por las donaciones de organismos internacionales.
Sossa, quien ayer inauguró las nuevas oficinas del ministerio
en Colón fue claro en señalar que casi todo el equipo y mobiliario
de las oficinas llevan un símbolo de donación al tiempo que
manifestó que no saben hasta cuándo podrán cubrir la
renta del edificio porque el presupuesto es estrecho.
El jefe del Ministerio Público dijo que la mora judicial que constantemente
denuncian los abogados tiene una de sus causas fundamentales en la falta
de recursos para poder trabajar porque no es sólo no tener el equipamiento
suficiente sino el personal, para darle a los ciudadanos la atención
necesaria.
"Nosotros confiamos en que en algún momento el presupuesto
del Estado va a sacar a la administración de justicia en general,
de esa condición de cenicienta en que históricamente se ha
mantenido", expresó.
El funcionario agregó que todos los años se hace el esfuerzo
para que se le dote de los suficientes recursos económicos para laborar
pero no ha sido posible porque lo peor de todo es que en los últimos
años cuando se está por mitad de camino, se les recorta más.
"Eso dificulta y entorpece evidentemente la labor de administración
de justicia y eso lo padecemos todos los entes vinculados con la administración",
señaló.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César
Guevara indicó que el gremio ha solicitado al Gobierno Central que
no le escamotee a la administración de justicia recurso alguno, ya
sea procuraduría de la Nación, administración u órgano
judicial.
A juicio de Guevara, en Panamá existen sectores que no cuentan
con un defensor de oficio que pueda orientar y atender a personas de escasos
recursos con limitaciones económicas, al tiempo que señaló
que privar a la administración de justicia de los recursos es impedirle
al pueblo de una justicia acelerada.
"Por más buena intención que tenga un fiscal o un
juez, sino cuenta con los medios materiales, buen equipo, transporte para
el traslado de los detenidos, computadoras, faxes, definitivamente que no
le puede responder a la sociedad" sentenció.
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