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El presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, exteriorizó ayer dudas sobre los efectos positivos de un posible aumento de penas a los menores de edad que cometan crímenes violentos, argumentando que sólo un 2% de los hechos delictivos en el país son cometidos por menores.
"Nosotros no nos oponemos a la revisión de las diferentes disposiciones que regulan lo concerniente en materia de seguridad, la aplicación de penas de una forma apropiada, balanceada y proporcional", destacó Vásquez. "Pero tenemos que analizar el otro componente de los crímenes no cometidos por menores; ese componente que tomó la vida de monseñor Altafulla, del jurista Roque Pérez y de otros".
El abogado hizo estos análisis luego de que los estamentos de seguridad del Estado realizaran una sesión ampliada el pasado lunes con el fin de revisar el tema de la falta de seguridad en la ciudad.
"Esperemos que la propuesta a la que se ha comprometido el Ministerio de Gobierno haya contado con las consultas y el parecer de especialistas en esta materia, porque volveríamos a incurrir en el grave error de estar legislando por impulsos o emotividad", añadió Vásquez.
"Hoy matan a un taxista y tenemos que pedir la cadena perpetua. Mañana matan a un abogado y tenemos que pedir la pena de muerte. Después secuestran a un médico y tenemos que pedir la horca".
El jurista recomendó concebir un plan nacional de política pública en materia de criminalidad, en la que el gobierno se comprometa también a modernizar el sistema penitenciario, porque "las cárceles se han convertido en universidades del crimen", destacó. El sistema no funciona y no está produciendo los resultados que se esperan. |