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El creciente número de hispanos en las regiones centro-oeste y sur de Estados Unidos ha creado una barrera idiomática en varias comunidades, obligando a gobiernos y empresas a cambiar la manera en que ofrecen servicio y productos.
En Georgia, los defensores de algunos inmigrantes latinoamericanos alegan que los inmigrantes no reciben una adecuada atención de salud debido a que no hablan bien el inglés.
En el estado de Tennessee, los empleadores de fábricas y de venta minorista señalan que contratarían a más inmigrantes hispanos si hablaran mejor inglés, porque no pueden entrenarlos adecuadamente ni dar instrucciones de seguridad laboral.
La ley federal de derechos civiles de 1964 abarca aspectos de discriminación por hablar un idioma extranjero, aunque este punto no se ha cumplido consistentemente, según Marcela Urrutia, una analista política de un grupo de defensa de hispanos.
En el año 2000, el gobierno de Bill Clinton trató de esclarecer una orden sobre las agencias federales y organizaciones que reciban fondos federales, tuvieran un sistema que suministrara servicios para residentes con manejo limitado del inglés a fin de que "pudieran tener significativo acceso a éstos".
En Michigan y otros estados, algunas agencias del gobierno ahora proveen documentos en español y dan cursos acelerados para los empleados que están en contacto con el público.
El censo del 2000 determinó que un 11 por ciento de los residentes estadounidenses mayores de cinco años --unas 28 millones de personas-- hablan español en sus casas, un 8 por ciento más que en 1990, cuando eran 17 millones de personas.
Las organizaciones que respaldan la cultura de "sólo inglés" también han aumentado en años recientes.
El grupo sin fines de lucro ProEnglish, dice que 26 estados han aprobado leyes que establecen que el inglés es el idioma oficial. |
