Un viejo conflicto judicial respecto a la empresa Yakima Internacional que dividió en sus opiniones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mantiene molestos a abogados que intuyen un fraude procesal y una creciente inseguridad jurídica.
"Es desafortunado que se sienta un precedente en este país que genere inseguridad jurídica desde el punto de vista que por mayoría el pleno creo las condiciones para no entrar a resolver el fondo del recurso de amparo", dijo Héctor Castillo, uno de los abogados conocedores de este "tejemeneje" jurídico al comentar sobre este fallo cuyo magistrado ponente fue Rogelio Fábrega Zarak.
Al negar por razones técnicas cuya claridad no se ve en ese fallo, lo que en el fondo ha producido es que implícitamente se acepte que un juez de primera instancia tenga la capacidad de conocer, revisar y resolver contra un fallo dictado por la Sala Primera.
"Esto es un absurdo porque la constitución y la ley prohíbe que un juez subalterno pueda conocer y decidir sobre lo resuelto por el superior jerárquico, lo que conlleva inseguridad jurídica, que los pleitos sean interminables y esto produce que desde afuera se vea a Panamá como un foro que no es idóneo para litigar y mucho menos certeza.
"Con razón la Embajada de EU ha venido fustigando las actuaciones de la Corte y considero que se ha cometido un acto desafortunado, porque esto arrastra la soberanía del estado", dijo Héctor Castillo.
En 1989 el colombiano Carlos De Biase Álvarez, propietario de Yakima, pretendió retirar dos depósitos de cuenta cifrada hecho 10 años atrás, pero que el Banco Anval alegó que por instrucciones del propio cliente había desembolsado el dinero a favor de terceros.
