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Una jueza en lo laboral hizo lugar ayer viernes a una acción de amparo y ordenó al gobierno que suspenda la aplicación de un decreto de ajuste que prevé rebajas de salarios de empleados públicos y jubilados, dijeron fuentes judiciales. "Se entiende que la protección de sus eventuales derechos no puede ser obtenido por otra vía, que no sea la acción de amparo", dijo la jueza Graciela Lucía Craig en su resolución. Ordenó "al Estado a suspender la aplicación del decreto" impulsado por el Poder Ejecutivo para implementar el severo plan de austeridad.
El recurso de amparo había sido presentado la semana pasada por Nélida Soto, una empleada estatal que reclamó la suspensión de una rebaja laboral del 13% dispuesto por el gobierno como parte de su programa de austeridad.La mujer percibe un salario de 1.579 dólares por mes. Los abogados de Soto pidieron que se declarase inconstitucional el decreto que permite la rebaja de salarios de empleados públicos y haberes de jubilados.
Los decretos que fijan los recortes salariales y las rebajas de jubilaciones, sin embargo, deberán ser ratificados por el Congreso nacional. El gobierno llegó a un acuerdo con los diputados oficialistas de la Unión Cívica Radical (UCR) para que los recortes de salarios y jubilaciones recaigan en aquellos que perciben más de 1.000 dólares por mes, y no 300 como preveía el decreto presidencial original.
La oposición peronista, que había manifestado su reticencia al ajuste por "inequitativo", dijo que aceptará tratar la propuesta en el recinto "siempre que la Alianza (oficialista) se ponga de acuerdo". Los diputados del Frente del País Solidario (Frepaso), que forman parte de la Alianza, todavía no han adherido al acuerdo. |
