Una trifulca se formó ayer en las inmediaciones de la Presidencia cuando agentes del SPI reprimieron con toletes a familiares de víctimas y pacientes del envenenamiento con la sustancia tóxica dietilenglycol.
La represión se dio a eso de las 5:30 p.m., luego que los miembros de la Asociación de Familiares y Pacientes del SIRA realizaran una protesta en los predios del Palacio Presidencial, en donde se colocó una barrera de agentes para impedir el ingreso.
La dirigente Anabel Herrera sostuvo que durante la protesta sólo se portaban pancartas y fotos de los familiares fallecidos por el envenenamiento y que solicitaban únicamente la presencia del presidente Martín Torrijos para entregarle un pliego de 10 puntos.
Herrera indicó que los agentes recibieron la orden de apalear a los protestantes y proceder con el arresto de los dirigentes, entre ellos: Gabriel Pascual, Ramsés García y otros, quienes fueron remitidos a la subestación policial de El Chorrillo.
La dirigente calificó de "bochornosa" la brutal represión y actitud criminal dirigida contra personas indefensas que portaban como armas fotos de familiares fallecidos.
El enfrentamiento se produjo en momentos que los manifestantes intentaron pasar a la fuerza el cordón de seguridad de la policía.
Desde las 3:00 de la tarde el grupo de manifestantes piqueteó pacíficamente en los predios del Parque Catedral. Un comunicado de la Presidencia destaca que los manifestantes rechazaron ser atendidos por el viceministro Dilio Arcia y prefirieron mantenerse protestando.
A varios pacientes y adultos mayores se les subió la presión, por lo que fueron traslados a centros hospitalarios. Previo a los enfrentamientos, Pascual denunció el carácter selectivo, que a su criterio, existe dentro del programa de ayuda económica humanitaria para los sobrevivientes del envenenamiento masivo.
En torno a los incidentes que se produjeron, la Secretaría de Comunicación del Estado lamentó lo sucedido y reiteró que hasta el momento el gobierno ha cumplido con su palabra empeñada en dar respuesta a los familiares y víctimas del SIRA.
Señala la Presidencia que la Oficina de Asistencia a Víctimas del SIRA ha destinado apoyo por $496,969, con cargo a la partida discrecional de la Presidencia, además de los $6 millones asignados como compensación moral y económica.
El comunicado oficial alega que Gabriel Pascual y Ramsés García golpearon a unidades del SPI, por lo que se procedió a detenerlos para formularles cargos ante las autoridades competentes, por irrespeto y agresión, pero luego se ordenó su liberación.
Varios de los afectados en los incidentes fueron trasladados hacia el Hospital Santo Tomás, donde se presentó también el personal de la Defensoría del Pueblo.