Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos acontecidos en Changuinola concluye que se conculcaron el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección judicial, entre otros.
Según el informe, las actuaciones iniciales de las autoridades evidenciaron falta de prioridad al diálogo y tolerancia ante legítimas reclamaciones y derechos que le asistían al sector trabajador.
El documento también reconoce que las protestas en Changuinola evidenciaron altos niveles de intolerancia y descontrol de algunos de los manifestantes.
También se advierte un claro y abusivo exceso de la fuerza que requieren explicación, investigación, análisis y revisión por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.
A juicio de la Defensoría, el uso de cartuchos de perdigones y las lesiones producidas a los manifestantes comprueban la falta de utilización de protocolos y de una correcta aplicación de la reglamentación para la contención de protestas o manifestaciones públicas, que lamentablemente en algunos casos, además de discapacidades parciales o permanentes, tuvieron como consecuencia la pérdida de vidas humanas.
Asimismo, la violación de derechos fundamentales con las detenciones que se dieron en Panamá y Chiriquí.
La Defensoría recomendó suprimir inmediatamente el uso de perdigones o similares, así como armas de fuerza letal como instrumentos tendientes a controlar manifestaciones.
También se requiere que el Estado investigue los hechos acontecidos y se establezcan las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
Además, se exhorta a la dirigencia sindical y a los grupos organizados, a tomar las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar en sus manifestaciones de protesta, la afectación de derechos a terceros y el resquebrajamiento del orden público.
