El Comité Panameño por los Derechos Humanos expresa su preocupación respecto a los anteproyectos de ley relacionados con el endurecimiento de las leyes penales y a los operativos "mano dura", dirigidos por funcionarios del gobierno actual, con el pretexto de disminuir los niveles de violencia que mantienen angustiada a la sociedad y que han rebasado el control de las autoridades.
Comprendemos que la criminalidad, los secuestros y la proliferación de pandillas criminales en nuestro país se ha agravado en los últimos años generando un clima de inseguridad individual y colectiva, vulnerando los derechos humanos de los panameños y panameñas en general, razón por la cual es comprensible que se reclame al gobierno mayor dureza y la aplicación de medidas que puedan lesionar los derechos humanos e incluso el estado de Derecho.
Si bien es cierto que compartimos la preocupación de la señora Presidenta respecto a este tema, consideramos que toda acción o medida de carácter penal o administrativa que se pretenda implementar con el pretexto de disminuir la delincuencia, requiere de un estudio y una reforma integral de los componentes que forman parte del sistema penal ya que ni la criminalidad ni la violencia son hechos aislados en una sociedad, todos tienen su origen en factores endógenos y exógenos a los que hay que prestar atención.
Nunca se ha demostrado que el endurecimiento de las penas a los criminales, secuestradores o menores infractores disuada el delito con más eficacia.
El respeto de los derechos humanos significa que no se puede recurrir a la aplicación de medidas excesivamente represivas para proteger a la sociedad porque su uso infringe los mismos valores que hacen que la sociedad merezca protección.
El endurecimiento de las penas y el tratamiento como adulto del menor infractor"son medidas opuestas a la civilización y a nuestra tradición penal, basada en la prevención del delito y la reinserción social.
