Moto sierra en mano un grupo de hombres estaban cortando desde la base del tronco al menos tres árboles de mango, que con su hermosa sombra hacían menos tortuoso el camino cuesta arriba en Loma Bonita, de Coclé.
La razón: una orden del Alcalde, quien había instruido a los corregidores solicitarle a los pequeños productores que viven al pie del camino "despejar la vía", pero como se dice allá en el campo: se les fue la mano.
Este hecho, que aconteció hace pocos días, es frecuente en las campiñas panameñas, toda vez que las autoridades locales, en muchas ocasiones desconocen la legislación ambiental que tipifica y sanciona los delitos ecológicos.
En el peor de los casos, los campesinos en su afán de evitar un castigo, terminan cometiendo una infracción, porque la petición del alcalde -en este caso- era solamente podar las ramas que entorpecían el paso de los vehículos, no talar por completo los árboles.
Por tal razón y bajo la premisa de que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento, el Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP II) de la ANAM, está por concluir un ambicioso plan de capacitación y formación con los alcaldes, corregidores, autoridades tradicionales y líderes comunitarios, en legislación ambiental y delitos ecológicos, con el fin de educar a las comunidades -en todos sus niveles- sobre la responsabilidad compartida de hacer un uso responsable de los recursos naturales y las áreas protegidas.
A lo largo de casi dos meses, un grupo de juristas especialistas en la materia, han estado recorriendo más de una docena de distritos en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, e incluso las comarcas Ngobe-Buglé y Kuna Yala, con el propósito de instruir a los funcionarios en temas como la ley general de ambiente, delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento territorial, entre otros.
De igual modo, en estas capacitaciones en las que también participan líderes comunitarios, se analizan otros aspectos como: las áreas protegidas, la legislación forestal, que incluye la tala y el transporte ilegal de madera, los permisos de roza y quema, así como la legislación de vida silvestre, la ley de caza y todo lo relativo a la reglamentación de especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción.
DE LA INTERPRETACION A LA ACCION
Eliécer Fernández tiene un año de estar al frente de la Corregiduría de Olá, en La Pintada de Coclé y en su bregar, más que sancionar por delitos ambientales a los pobladores se ha dado a la tarea de instruirse él y a las comunidades, así como fortalecer el trabajo conjunto con los funcionarios de la ANAM.
"Hay que hacerle entender a la gente que tenemos que tomar medidas y que nos se les sanciona por el gusto, sino que cuidemos las tomas de agua y las orillas de los ríos", enfatizó.
Por su parte, a varios kilómetros de distancia, el representante del corregimiento de El Toro, en Las Minas de Herrera, José González, se expresa de modo similar, pero no actíºa igual, ya que hace varias semanas atrás estuvo implicado en la deforestación de un globo de terreno perteneciente a la Reserva Forestal El Montuoso, por el cual mantiene actualmente un proceso legal.
"Estamos de acuerdo que el desarrollo ambiental es parte de nuestro desarrollo humano. Estamos clarito y eso la gente lo sabe", alegó, pero se contradijo al paso acusando que la presencia de la reserva ha detenido el desarrollo de la zona. "Ahí lo que vemos en muchas de esas comunidades después de 33 años es pobreza y desnutrición", señaló.
Muy distante en opinión, se encuentra Catalino Lorenzo Loaiza, del Comité Comunitario de Desarrollo Sostenible de La Mina, en Coclé, quien reconoce que en ocasiones las comunidades no obedecen a las autoridades locales, por lo que a su juicio hay que reforzar más la educación.
"Sería bueno capacitar a las escuelas y trabajar con la iglesia también en temas como la contaminación, para que las personas sepan que no se puede regar veneno cerca de los ríos, porque es muy peligroso", explicó.
Catalino, junto a sus vecinos, incursionarán pronto en una inversión ambiental apoyada por el Proyecto CBMAP II para la producción orgánica de plantones de cítricos, porque saben que íºnicamente haciendo un uso responsable de los recursos naturales, podrán mejorar su condición de vida y alcanzar el desarrollo sostenible.
