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Arriba las viviendas que fueron derribadas por las autoridades. Abajo, miembros del Asentamiento Unión Campesina trasladan el ganado por falta de sus tierras.Foto Alcides Rodríguez.  |
Por segundo día consecutivo, la corregidora de Arraiján Cabecera, Sugey Magallón, acompañada por unidades antidisturbios, funcionarios del Municipio y retroexcavadoras, procedieron a derribar las viviendas de madera y zinc de los precaristas que ocuparon terrenos del asentamiento Unión Campesina de Burunga.
Durante la acción se registraron enfrentamientos, en los que resultaron detenidas varias personas, al igual que niños y adultos afectados por las bombas lacrimógenas lanzadas por los agentes antidisturbios para dispersas a los precaristas, quienes en su desesperación exigían que se les respetara el derecho a ocupar las tierras, ya que las mismas pertenecen al Estado. Por su parte, el legislador del Circuito 8-1, Lenín Sucre, presentó en horas de la mañana de ayer un amparo de garantías constitucionales ante la Corregiduría de Arraiján Cabecera para suspender la orden de desalojo de unas 200 familias que ocupan estas tierras.
Sucre y sus abogados se apersonaron aproximadamente a las 10:00 a.m. de ayer al lugar del desalojo, acompañados del dirigente Carlos Castillo y un grupo de precaristas invasores de los terrenos, para entregar el documento en las manos a la corregidora, encargada de ejecutar la acción.
"Yo no creo en las invasiones de tierras, pero tampoco creo en asentimientos ficticios, por lo que en este caso, por justicia, se deberían otorgar terrenos a las familias precaristas, quienes en su mayoría levantaron con mucho sacrificio sus pequeñas casitas improvisadas de madera y zinc, sin embargo, se les desalojó a la fuerza con bombas lacrimógenas y han quedado a la intemperie", expresó. Señaló que los asentados del asentamiento Unión Campesina, al momento de iniciar las ventas de gran parte de los terrenos, perdieron todos los derechos de seguir funcionando como una organización.
Indicó que actualmente el asentamiento no cumple con los parámetros establecidos en la Ley, ya que las tierras se encuentran desoladas y los siembros desaparecieron, por lo que lo más conveniente para las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) es realizar una inspección de campo a conciencia y verificar si realmente se le brinda el uso y usufructo adecuado.
Consideró que siendo tierras legalmente constituidas como propiedad del Estado y debido a la necesidad habitacional de un gran número de familias de clase marginadas, tomó la iniciativa de reunirse con del anterior titular del MIDA, Pedro Adán Gordón, quien le aseguró intervenir para buscar algunas alternativas viables en beneficio de los precaristas.
Agregó que ha sostenido conversaciones con el Ministerio de la Presidencia, porque no descansará hasta tratar de solucionarles el problema habitacional que viven familias humildes, quienes se sintieron obligados a invadir por la carencia de una residencia digna. Sucre se presentó al lugar en horas de la tarde de este miércoles, durante la ejecución del desalojo, al igual que su homólogo Vicente Magallón y autoridades locales, quienes calificaron la acción como inhumana, señalando que las familias invadieron las tierras para satisfacer sus necesidades habitacionales. |