El pleno de la Asamblea aprobó ayer, martes, en tercer debate el proyecto de Ley 256 que adopta el nuevo Código Procesal Penal.
La norma de 560 artículos, según sus defensores, permite la transición de un sistema procesal penal inquisitivo a un modelo netamente acusatorio. La mayoría de los puntos forman parte de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.
El proyecto regula la figura de los jueces comarcales quienes tendrán competencia para conocer sobre los delitos dentro del territorio de la Comarca, salvo que se trate de homicidio doloso, los que resulten en la muerte de una persona, los delitos contra la economía nacional, los relacionados con drogas, terrorismo y ejecutados por el crimen organizado.
De igual forma, el proyecto crea el juicio directo en el que la persona que es sorprendida cometiendo un delito y se confiesa responsable, en ese mismo momento puede ser llevado ante el fiscal y el juez de garantía y conjuntamente con el afectado y fallar la responsabilidad penal sin esperar un juicio.
La norma contiene un desarrollo más claro sobre las competencias del pleno de la CSJ, el cual podrá conocer sobre los procesos penales y medidas cautelares contra los diputados, el Procurador de la Nación, el Procurador de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral y el Contralor General de la Nación.
