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Si existe alguna cosa en la que la sociedad civil y los comúnmente contrarios gremios obreros y empresariales podrían estar de acuerdo es que la actual Carta Magna se ha vuelto un dinosaurio jurídico perteneciente a una época que acabó hace 14 años, si no más.
Incluso algunos funcionarios como el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, ha reconocido la existencia de un clamor popular por crear un nuevo marco constitucional. El consenso es que después de 30 años en vigencia, la Constitución de 1972 reformada en 1983 pertenece ya a los museos.
Uno de los esfuerzos para desarrollar una nueva Constitución es el de los miembros de la Academia Panameña de Derecho, quienes acordaron conformar una comisión con el fin de elaborar un informe en el que se especificaría qué puntos debe contener una próxima Carta Magna.
La ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Aura Emérita Guerra de Villalaz indicó que se ventilará el debate sobre si es mejor reformas constitucionales o una constitución totalmente nueva, Villalaz sentenció que la última opción tiene más sentido.
"Las constituciones emparchadas no se las puede manejar bien, porque se están injertando criterios que no son coherentes con el resto de lo que queda", explica la abogada. "Hay que hacer una revisión total". Hasta la fecha, la comisión ha consensuado un paquete de sugerencias sobre las reformas a los tres órganos del Estado.
En cuanto al Organo Legislativo, se acordó establecer un límite a la cantidad de legisladores, cifra que no podría ser cambiada. También se propone establecer legisladores nacionales y legisladores circuitales. La reelección inmediata quedaría prohibida.
En cuanto a la inmunidad parlamentaria, los comisionados proponen que esta únicamente abarque la responsabilidad penal por sus opiniones y votos que emitan durante el ejercicio de sus funciones legislativas. "Consideramos que son los padres de la patria los que deben dar el ejemplo si tienen casos civiles o reclamos de pensiones alimenticias", amplía la ex magistrada.
El número de suplentes se limitaría a uno sólo, el cual sólo devengaría salario cuando suplante al legislador principal. Igualmente, se plantean varios reajustes en el proceso de formación y aprobación de las leyes.
Entre las reformas propuestas para el Organo Ejecutivo está la ampliación de los requisitos para ser Presidente de la República, que hasta el momento se limitan a ser panameño de nacimiento, tener 35 años y no haber sido condenado por delito alguno. Los comisionados añadieron establecer un mínimo de formación universitaria y residir en Panamá los cinco años previos a la candidatura.
Ya no contaría con dos vicepresidentes, sino sólo uno. Además, se le retirarían atribuciones que actualmente goza, como la de nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema y a los Procuradores. Otra propuesta es que aunque se le mantendría el derecho a indulto, ya no podría rebajar penas. Igualmente, ni el cónyuge del mandatario ni ningún pariente dentro del 4to grado de consanguinidad podría aspirar a la Presidencia en el período posterior.
Para los miembros del Organo Judicial, la comisión plantea crear dos nuevos tribunales: una Corte Constitucional y una Corte de Control de la Legalidad. Esta última significaría eliminar la Sala Tercera de la CSJ. Al igual que para el cargo de Presidente de la República, los requisitos para ser Magistrado serían más estrictos.
Finalmente, se propone que en la Nueva Constitución el Ministerio Público sea un ente independiente del Organo Judicial. "Esto es para que pueda asumir todos los papeles que tiene", explica Villalaz. "Ellos deben tener la promoción de la ejecución de las leyes y la vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos; pero actualmente se dedica en un 90% a perseguir los delitos". |
