Ex trabajadores de los puertos protestaron frente a la Defensoría del Pueblo para exigir que el Estado les pague el dinero que les adeuda por su participación accionaria, contemplada en la ley marco de las privatizaciones.
De acuerdo a los quejosos, el dinero solicitado asciende a 200 millones de dólares producto de la violación a la ley marco de las privatizaciones.
