La procuradora Ana Matilde Gómez reiteró ayer sus preocupaciones sobre la falta de controles que pudiera existir en la redacción del proyecto de ley que propone la desaparición legal y administrativa de la Policía Técnica Judicial (PTJ), para dar paso a la creación del Organismo de Investigación Criminalística (OIC) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Los comisionados de Gobierno de la Asamblea Nacional iniciaron ayer las consultas sobre el polémico proyecto que mantiene enfrentados al Órgano Ejecutivo y el Ministerio Público.
Gómez afirmó que su participación en el debate persigue el mejoramiento de la redacción del documento para lograr que se obtengan suficientes controles que permitan una verdadera conexión operacional entre la Policía Nacional, el Órganos Judicial y al Ministerio Público.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Olga Golcher, destacó que la intención de asignar la misión de investigación judicial a la Policía Nacional es para cumplir el objetivo de servir de forma más eficaz al Ministerio Público y al Órgano Judicial en cuanto a la investigación de los delitos.
La DIJ estaría dentro de la estructura de la Policía Nacional y se convertiría en cuerpo auxiliar para la investigación de los delitos, ubicación y detención provisional de los presuntos responsables, asegurar las pruebas del delito y colaborar con la jurisdicción en la ejecución de las sentencias o medidas de seguridad establecidas por las autoridades. La OIC cumpliría labores de investigación científica.
Golcher explicó que el director y subdirector de la OIC serán nombrados por el Procurador de una terna elaborada por el Consejo Técnico Evaluador, por un periodo de 5 años. Son causas para la remoción del cargo la negligencia comprobada, incapacidad psicológica y la existencia en su contra de sentencia condenatoria ejecutoriada.
La funcionaria indicó que las funciones administrativas y de investigación de la OIC y la DIJ serán cubiertas con las partidas presupuestarias que se le asignan actualmente a la PTJ.
PROYECTO
El proyecto establece que cualquier miembro de policía habilitado en función de investigación judicial, acatará órdenes del Ministerio Público en la investigación penal. Cuando actúen en esa condición, no atenderán la cadena de mando de la institución y no podrán revelar información de la investigación ni a sus superiores.