¿Qué futuro nos espera a los panameños cuando, funcionarios de la Corte Suprema, la más alta corporación de justicia, son señalados en actos de supuestas corrupción con el negociado de los cupones de gasolina?
El hecho es aún más criticable, en momentos en que, los precios del combustible han aumentado de manera exorbitante, lo que amerita un control y manejo recto y adecuado de los recursos estatales.
La aprobación y expedición de documentos autorizando el uso de gasolina u otros recursos, no proviene de un funcionario de bajo nivel dentro de la estructura administrativa y financiera de cualquier institución, lo que hace suponer es del conocimiento de quienes tienen, en primera instancia, la delicada función de administrar con transparencia los bienes públicos.
En todas las dependencias del gobierno funciona departamentos de auditoría interna, de transporte y de control fiscal, cuya función es verificar que los bienes estatales sean utilizados para los fines correspondientes y no en beneficio personal, ajenos a la institución.
Hace sólo unos pocos días, la Procuraduría de la Administración distribuyó en todas las oficinas públicas, el Manual de Código de Etica "de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos, del gobierno central, entidades autónomas, semiautónomas y gobiernos locales".
Cito el artículo 3 de dicho código de ética: "El servidor público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Tampoco aceptará prestación o compensación alguna por parte de terceros que le pueda llevar a incurrir en falta a sus deberes y obligaciones.
