ECONOMICAS


Tratado tributario, sólo en igualdad

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Minnie Morán Cano
Crítica en Línea

Panamá no está obligada a firmar un tratado tributario con Estados Unidos, sin que antes todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cumplan con los acuerdos y exigencias de la organización, señaló Andrew Quinlan del Centro para la Libertad y Prosperidad de la ONG.

Indicó que "no hay obligación alguna, porque cada carta de compromiso que recibió la OCDE incluye una cláusula de igualdad en el campo de juego o sea parejo".

Según Quinlan, Panamá no tiene ninguna obligación de ofrecer información tributaria a menos que Suiza, Luxemburgo, y los EEUU, lo hagan también.

Dijo, que para Panamá no es conveniente firmar el tratado tributario, hasta que cada país de la OCDE, cumpla su parte de los acuerdos.

Enfatizó que EEUU tiene una aptitud bastante esquizofrénica sobre estos asuntos. "Por un lado un país de impuestos bajos que se beneficia de la competencia tributaria, y por otro tiene un sistema bastante imperialista a nivel mundial".

Por su parte Daniel Mitchell, sugirió a Panamá que tenga una lista de cosas muy específicas, que EEUU pueda proporcionar beneficios reales al país.

Lo mejor sería que EEUU modificara su sistema tributario y no obligar a países como Panamá, causando un recrudecimiento de la pobreza de convertirse en recolectores de impuestos para países como los EEUU.

Yolanda Azcárraga en representación de la Asociación de Abogados Internacionales, AU y APEDE, señaló que dichas organizaciones están preocupadas por lo que representaría a Panamá que se firmara un acuerdo, sin tomar en cuenta las condiciones de la Carta Compromiso de Igualdad de condiciones.

Dijo que hay que alertar a la ciudadanía y a los legisladores de los peligros que podría sufrir la economía, si por presiones se firma el tratado , porque Panamá depende en un 80% de servicios.

El gobierno nacional está involucrado en acuerdos de intercambio fiscal, los cuales buscan que el país abra sus puertas para que los gobiernos y organizaciones extranjeras obtengan información confidencial de los bancos, sociedades anónimas, de abogados y otros, lo que afectaría el sector servicio de la economía nacional.

 

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