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La fundación Voz de Arraiján, a través de un comunicado, expresó su inconformidad con los directivos de la Gran Terminal y más concretamente con los transportistas, quienes se han dedicado a la tarea del chantaje y amenazas al Gobierno para exigirle la crucifixión de los denominados "piratas", afectando más a los residentes, que a diario reciben un pésimo servicio de transporte público.
El documento, que lleva la firma del presidente de la fundación, Dagoberto Franco y el secretario de divulgación, Rubén Darío Guerra, señala que el Decreto 451, que le sirve de escudo a los transportistas del sector Oeste es a su juicio mal interpretado.
"Sólo se puede considerar ilegal el hecho de que un taxista se dedique a transportar pasajeros desde la ciudad hacia el sector y viceversa de manera continua, pero no es ilegal que un transportista selectivo, al momento de dirigirse hacia su hogar aproveche para llevar pasajeros vecinos usuarios que contribuyan con la gasolina", señala el comunicado.
Explica la nota que resulta curioso que el conflicto de la supuesta piratería se dé en el sector Oeste, la explicación de esto es simplemente que los transportistas del sector no están prestando un servicio eficiente para suplir la demanda, que obedece al aumento desmesurado de la población en Arraiján, que ha pasado a hacer el tercer distrito más poblado a escala nacional.
Señaló que la realidad es que la demanda de usuarios del sector Oeste está muy por encima de lo que puede afectar a los transportistas que prestan el servicio y en consecuencia obligan a los usuarios a buscar otras alternativas para resolver el problema del transporte diario y es ahí donde entran los supuestos taxis piratas empujados por la necesidad de los afectados.
La organización recomienda al Gobierno nacional nombrar una comisión de alto nivel que haga un estudio serio y científico del problema, donde estén presentes todas las partes para resolver el servicio público a más de 80 mil usuarios del sector Oeste. |
