Las pugnas por licitaciones para ventas de la comida en prisiones, continúan.
Ayer la empresaria Edilsa Sánchez, dueña de la empresa Vicech S.A., Javier Justiniani, presidente de la Fundación para Apoyo al Detenido, y el abogado Carlos Núñez Albornoz denunciaron una serie de irregularidades en contra de la sociedad de Edilsa.
La situación es conocida por la Procuraduría General de la Nación.
En la acción legal se señalaba que "Alimentos Liz" y "Fonda La Macaraqueña" han violentado la Ley No. 56 de 27 de diciembre de 1995, incurriendo presuntamente en aumento deliberado de costos, falsificación de documentos, falsificación de firmas, fraccionamiento de facturas para evadir la acción fiscalizadora de la Contraloría General de la República.
Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Carlos Landero, explicó que se ha hecho una investigación interna y los procesos se llevaron normalmente. Enfatizó que se ha llamado la atención de los contratistas para que cumplan con los pliegos de cargo.
Subrayó que se investiga a nivel interno para esclarecer las denuncias.
