La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, pidió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que rechace un indemnización económica.
Fletcher pidió que se declare inadmisible una demanda de indemnización presentada por el abogado licenciado Leonel Urriola, en representación de Olmedo Lezcano, para que se condene al Organo Judicial, Juzgado Quinto de Circuito Civil de Chiriquí y al Estado por el pago de cinco millones de balboas en concepto de daños y perjuicios causados por secuestro de sus bienes. El demandante incurrió en errores de procedimiento, alegó Fletcher.