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Da lástima ver la manera impune como se están destruyendo las playas del distrito de Guararé, sin que el inmenso árbol burocrático con que cuenta el Estado, logre detener semejante injusticia cometida a plena luz del día y a la vista de todos.
Parece que el poder coercitivo de tres instituciones, la Alcaldía, la Autoridad Nacional del Medio Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias, no han podido detener la rapiña de los que consideran a los recursos naturales fuentes inagotables para saciar sus bolsillos, sin mirar el futuro.
Para extraer la arena ilegalmente los intrusos se esconden detrás de los permisos del PARVIS y las rendijas que les permiten los acuerdos de letra muerta firmados por los funcionarios de las distintas instituciones, a quienes les pagan para que velen por el cuidado de esos bienes que son de uso público y no patrimonio personal de un par de avivatos.
Ante las múltiples quejas de la comunidad, ha tenido que intervenir la Defensoría del Pueblo, organismo que es el último recurso de los panameños cuando las leyes son desconocidas y pisoteadas por las propias autoridades.
Otra costumbre fea en este país, es la de recurrir a la generación de empleos para acabar con el medio ambiente y los recursos naturales. Y lo más penoso es que los gobiernos, no se sabe con qué intención, dicen comer del cuento. |
