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Por Jorge Ruiz
Periodista

Ante el interés demostrado por algunos de los lectores de esta columna, de los cuales estoy muy agradecido, en relación a los escritos anteriores acerca del Foro 2020, hoy adelantamos ciertos conceptos que, aún cuando no son oficiales, por las razones que más adelante explico, son expresiones vertidas en la Mesa de Etica e Integridad, a la cual pertenezco.

En dicha Mesa se vislumbró la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Integridad, centrando el problema desde una perspectiva cultural y pedagógica, teniendo como punto central el comportamiento ético y moral de cada uno como persona, de la sociedad en general y de los gobernantes y gobernados.

Decía que estos conceptos no son oficiales porque todavía no han sido adoptados conjuntamente con las otras Mesas; de Nueva Constitución y Visionómetro, del Foro 2020, que tiene su origen en la convocatoria que hizo en mayo de 2,002 el Comité Ecuménico Nacional a los firmantes de la recordada Visión 2,020, firmada en 1998.

Como se recordará, los firmantes de la Visión 2020 fueron los miembros de partidos políticos, de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Los lineamientos acordados y aprobados por la Mesa de Etica e Integridad, están basados en iniciativas que las autoridades gubernamentales y la sociedad civil han tenido para el desarrollo de un sistema de integridad, pero que han quedado en eso, sólo iniciativas.

Algunas de esas iniciativas son, por ejemplo, el haber dictado el Decreto de Gabinete No. 18 de 21 de octubre de 1968 que adopta medidas contra la corrupción de funcionarios públicos; que en 1998 se convierte en Ley de la República la Convención Interamericana Contra la Corrupción y se inicia a nivel formal el sistema panameño anticorrupción.

El Ejecutivo creó, el 13 de noviembre de 1999 la Dirección Contra la Corrupción; el 19 de julio de 2001 se dictaron normas para prevenir la corrupción y se modificaron y adicionaron disposiciones al Código Penal y Judicial (Ley 39 de 2001), lo mismo que las leyes 40 y 41 que tipifican y persiguen penalmente los delitos financieros y bancarios.

La Mesa de Etica e Integridad ha propuesto que el gobierno debe ser docente como modelo de integridad y que la sociedad civil debe ser participativa, justa y solidaria. Se ha precisado que los objetivos de un sistema ético y de integridad debe alcanzar a toda la sociedad tanto política como a la civil.

Los trabajos efectuados por la Mesa de Etica e Integridad se han revisado muy seriamente durante un Taller que permitió aunar criterios y llegar a acuerdos, después de estudiar algunos problemas como que: “La corrupción en Panamá representa un peligro para el sistema democrático y para el desarrollo integral del país. Tanto es así, que en las últimas encuestas de opinión queda de manifiesto que la corrupción es una preocupación primordial, junto con el desempleo y la inseguridad ciudadana, agravada por la percepción negativa de la ciudadanía acerca del desempeño de funcionarios y funcionarias”.

Igualmente se observa que: “La corrupción no sólo azota al sector público sino también al sector privado con un 65% de percepción de corrupción, posiblemente producto de irregularidades conocidas públicamente. Claro está que la corrupción del sector público se complementa con la del sector privado y ambas son parte de un sistema expandible a todos los niveles y sectores de la sociedad”.

 

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