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EDITORIAL
Encontrar a los culpables
Los gobiernos de Panamá y Nicaragua iniciaron ayer los contactos adecuados para esclarecer el escándalo del tráfico de armas que involucra a los cuerpos policiales de ambas naciones.
Los jefes de Policía y de investigación de los dos países se reunieron para detectar los aspectos misteriosos de la operación de compra y venta de 3,000 fusiles AK-47, que por obra de magia han quedado en manos de las Autodefensas Campesinas, la principal fuerza paramilitar de Colombia.
En Panamá, el Ministerio Público debe interrogar a los empresarios que ya se mencionan como intermediarios en la operación, que ha provocado un nuevo desprestigio para la imagen de nuestro país.
Las autoridades no pueden andar con medias tintas en este caso. Si la investigación determina que hubo complicidad de funcionarios en ese trasiego de armas, los involucrados deben parar en la cárcel y no ser sancionados únicamente con una destitución disfrazada de renuncia.
Ya está bueno de que se cometan acciones ilegales que dañan la imagen de Panamá y todo se perdone y lo más que le sucede al responsable es abandonar la burocracia estatal, pero con los bolsillos llenos.
Lo sucedido también revela que hubo poca malicia de las autoridades de Nicaragua, porque una compra de tal magnitud es irregular que se haga a través de intermediarios, casi siempre es una operación de Estado a Estado.
Gracias a Dios, los involucrados en la transacción han dejado muchas huellas por doquier, que harán más fácil la investigación. Las autoridades deben confrontar a los empresarios israelíes establecidos en Guatemala y Panamá y se sabrá de una vez por todas la verdad.
La suma involucrada es millonaria. Debe haber facturas, llamadas telefónicas, cuentas bancarias, cheques y otros instrumentos que pueden llevarnos hasta el cerebro de toda esta misteriosa operación.
El caso se debe aclarar para el bien del país, porque Panamá no puede estar pregonando que apoya el proceso de paz en Colombia, pero por otro lado se permite que se trafique equipo bélico para los grupos insurgentes o paramilitares.
El tráfico de armas es el comercio de la muerte y no podemos hacernos los ciegos ante el hecho evidente de que a través de nuestras fronteras entran y salen fusiles para la guerra que llena de luto al pueblo hermano colombiano.
Frente a este caso, el gobierno debe esperar las resultados de las investigaciones y no exonerar a nadie de antemano, no vaya a ser que luego se tenga que enfrentar a una sorpresa para nada agradable.
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PUNTO CRITICO |
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