La decisión del Órgano Ejecutivo de contratar sin licitación y de forma directa el establecimiento de una terminal de contenedores en el área de Farfán por $600 millones ha generado desconfianza entre el ala empresarial y clase política panameña. Esta última señala que podría tratarse de una violación al Código Fiscal.
Ayer, el presidente de Vanguardia Moral de la Patria, Guillermo Endara, calificó la decisión gubernamental como una "atrocidad" administrativa, y que de llegar a ser electo presidente de la República en el 2009 la revocaría.
"Esos contratos con esas sumas tan grandes solo cabe pensar que se trata de una coimería espantosa. Todo lo pintan bonito, dicen que van a hacer la gran cosa, pero arriba de esa máscara hay es una montaña de pus", señaló.
A juicio del presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, este proceso implementado es "dudoso" ya que realizar una contratación directa en un proyecto de 600 millones pudiera carecer de transparencia.
Guillermo Ford, de Unión Patriótica, sostuvo que el manejo del tema despierta "muchas suspicacias" y que es deber del gobierno hacer públicos todos los detalles de un eventual acuerdo con el consorcio.
Por otro lado, el ex presidente de la Cámara de Comercio, Domingo Latorraca, ha cuestionado la forma poco transparente como se ha dado esta negociación. "Esto causa suspicacias en la sociedad".
Cabe resaltar que la ministra de Comercio e Industrias, Carmen Gisela Vergara, tiene la responsabilidad de gestionar el contrato con las compañías Cosco Pacific Limited y Ports America Group que se unieron en un consorcio, para el desarrollo de la obra.