"Es suficiente la condena a la pobreza para un niño como para que, además, tenga que sufrir ambientes de violencia en la comunidad y en su casa", manifestó Fernando Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Entre los derechos que fueron violados a raíz del siniestro, Carrera enumeró: "Derecho a un ambiente seguro, a una vivienda digna, a la educación, porque se vio interrumpida, a la felicidad y a la recreación, a la protección frente a abusos y maltratos, porque -el incendio- fue un hecho violento".
Mientras Carrera recorría Curundú, algunos niños reían en un aula de la Escuela Fe y Alegría, donde eran motivados por un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando les preguntaron cómo se sentían, uno dijo: "Mal, porque se quemó la casa".
En cuanto a materia penal, Carrera dijo que "a los violentos hay que llevarlos a un procesamiento. No es posible que condenen a la inseguridad a los niños y a la comunidad. Hay que parar la impunidad de los crímenes. Para eso no hay que modificar ninguna ley, la misma faculta perfectamente a las instituciones para ser aplicada".
Los damnificados enfatizaron que algunos miembros de la Policía Nacional tienen preferencias con algunas pandillas. "Cuando encuentran un arma, de pandilleros, en algunas ocasiones se las venden a otros", reveló una mujer de 25 años, quien por temor prefirió no revelar su identidad.
