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EDITORIAL
Reformas a la Carta Magna
Con la crisis política que vive Panamá ya son varios los sectores que reclaman la necesidad de dotar a la nación de una nueva Carta Magna. El presidente de la Asamblea Legislativa, así como los partidos Popular y Solidaridad y otros sectores independientes, se incluyen entre los peticionarios de esa iniciativa. Algunos reclaman que la nueva Carta Magna se adopte a través de una Constituyente, otros mediante el método del plebiscito y otros con la aprobación de dos Asambleas Legislativas.
Las Constituciones constituyen los basamentos sobre las cuales se erigen los ordenamientos positivos y se recogen aspiraciones, principios, propósitos de vida colectiva y otras materias para el ordenamiento del Estado. Los militares que asaltaron el poder en 1968 cancelaron la Constitución de 1946 y crearon la Carta Magna de 1972, cometiendo incluso el despropósito de asignar con nombre propio una posición cúspide del gobierno de entonces.
Si bien es cierto que en reformas posteriores se introdujeron cambios, muchos especialistas consideran que la Carta Magna a debe sufrir reformas profundas. La actual Constitución tiene limitaciones en su artículo 308, para el mecanismo que se pueden utilizar para impulsar las reformas.
El método que se debe utilizar para tal empresa provoca discrepancias. Los que proponen la Constituyente alegan que el artículo No.2 de la propia Carta magna destaca que el poder soberano del pueblo se impone sobre cualquier otra consideración jurídica.
La otra opción del referéndum propuesta por colectivos como Solidaridad enfrentan el peligro de que el desgaste del gobierno afecte los resultados de esa consulta popular. Ya existen dos pruebas de ello, cuando se rechazaron las reformas para proscribir el ejército y con la propuesta para establecer la reelección presidencial.
En cuanto a la opción de que sea ésta y la próximo Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto de nueva Constitución, hay quienes rechazan que los legisladores -que hoy enfrentan acusaciones de sobornos- sean los encargados de dotar a la nación de su carta Magna.
Ante tantas posiciones encontradas, las fuerzas políticas, sociales, obreras y empresariales deben alcanzar acuerdos de consenso para determinar el mejor método y el menos traumático para lograr que el país tenga su nueva Constitución. Si bien es cierto que una nueva Constitución no será la aspirina para curar los males que padece Panamá, si puede ser el instrumento para ordenar mejor el Estado, derogar excesivos beneficios de la que goza la clase política y modernizar otros aspectos, acorde con los tiempos.
El propio plan de gobierno de la mandataria Mireya Moscoso incluye una propuesta para revisar integralmente la Constitución, lo malo es que el tema sólo se airea cuando se pretende meterle miedo a la Asamblea Legislativa, cuando una iniciativa de ese tipo debe estar promovido por mejores propósitos: modernizar el Estado panameño.
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PUNTO CRITICO |
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