Panamá es un país lleno de ríos caudalosos, quebradas y corrientes subterráneas que muy poco aprovechamos, salvo para hidroeléctricas y como vías de comunicación, pero desde hace años se vienen escuchando voces denunciando que de una u otra forma los ríos vienen siendo contaminados por empresas inescrupulosas con químicos, desechos orgánicos, inorgánicos, material pesado, metales y líquidos oleosos, entre otros.
Recuerdo que, hace años, la ANAM había instituido un programa para el monitoreo y rescate de nuestras aguas que hoy cobra enorme importancia, que fue subrayada hace unos días cuando millones de personas nos quedamos sin agua en la ciudad de Panamá, luego de las copiosas lluvias que inutilizaron la planta potabilizadora de Chilibre.
Miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé pidieron, en la reciente reunión en la que también participó el presidente Ricardo Martinelli, proteger los recursos hídricos del país y anunciaron que viajarán el próximo 14 de marzo a la capital para iniciar las discusiones sobre el tema.
Esto cobra enorme vigencia por otro enfoque: el pulmón de la Tierra, la selva amazónica, se seca. En cinco años, la región amazónica ha sufrido dos fuertes sequías que han destruido miles de árboles. Esto, unido a la deforestación de esta región, pone en peligro el frágil equilibrio del bosque primario más grande del planeta.
En 2005, los científicos estuvieron de acuerdo en que la falta de lluvias en esa zona del mundo se podía considerar la más extrema de los últimos 100 años. Media década después, el calentamiento del agua del Atlántico volvió a colocar a la Amazonia en una situación extrema, al no llover durante meses.
La ANAM en Panamá tiene varios programas tendientes a proteger a nuestras fuentes de agua, restauración de cuencas hidrográficas y saneamiento de aguas residuales, que ahora con la nueva administración deberá tomar nuevo impulso.
La solución al problema de la contaminación de los ríos y quebradas está en manos de la población, quien debe tomar conciencia del daño que causa, y de las autoridades que deben empezar a aplicar las leyes con rigor y proteger la calidad de las aguas del territorio nacional.
