Sábado 9 de marzo de 2002

 

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  OPINION

EDITORIAL
Votación secreta

Del dicho al hecho hay mucho trecho, reza un sabio refrán, el cual se aplica como anillo al dedo a los legisladores. Muchos se rasgan las vestiduras diciendo que se han levantado la inmunidad, pero en la realidad menos de la mitad de los integrantes de la Asamblea se han despojado de su fuero parlamentario.

Los cargos de corrupción y soborno nacieron desde el mismo seno del Organo Legislativo. De ellos mismos surgieron las acusaciones y hoy hacen lo imposible para no facilitar las investigaciones del Ministerio Público.

Para colmo de males, ahora se pretende realizar una votación secreta para decidir sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria. El resultado de esa votación es previsible: la Asamblea Legislativa no autorizará el levantamiento de la inmunidad para que miembros de ese órgano del Estado sean investigados por el Ministerio Público.

Si bien es cierto que el artículo 239 del Reglamento Interno de la Cámara Legislativa establece la votación secreta, el aspecto moral priva en esta ocasión sobre lo legal. Además las votaciones secretas contradicen los planes del voto electrónico que pretende implementar la actual directiva de la Asamblea.

Al mismo tiempo, hay que advertir al Ministerio Público y a los abogados defensores de los investigados, que se debe ser cauteloso, sobre todo con el tema de los informes bancarios relativos a legisladores que no están sindicados en las sumarias por corrupción que se instruyen. El filtrar información bancaria confidencial de gente que no tiene la categoría de inculpado, puede afectar la credibilidad del propio sistema bancario.

Estamos claros que el Ministerio Público puede requerir información de las cuentas de los sospechosos de recibir sobornos, ya que el secreto bancario queda supeditado a las investigaciones contra los corruptos, pero hay que ser cuidadosos en lo que respecta a los que no hayan sido salpicados por la coima.

Esta de más decir, que los agentes de instrucción deben ser vigilantes de no violentar ninguna norma en la investigación contra los legisladores, porque cualquier error puede ser utilizado para declarar nulo todo el proceso, lo que daría pie al vergonzoso resultado de que aquí no ha pasado nada.

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