|
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió a una delegación de periodistas de Panamá que destacó siete principales amenazas a la labor periodística en dicho país.
Entre las amenazas fueron incluidas las leyes penales de calumnia e injuria; las desacato; las llamadas "leyes mordaza", heredadas de la dictadura; la Ley de Censura; la ausencia de acceso ciudadano a la información; los intentos por remplazar estas leyes con otras iguales o peores; y una política de persecución y represión judicial contra los medios de comunicación y los periodistas críticos".
Entre los periodistas participantes se encontraban Octavio Amat, abogado y director de El Panamá América; Betty Brannan, corresponsal en Washington, de La Prensa; y el abogado y columnista Miguel A. Bernal. Fueron acompañados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que gestionó la audiencia y se hizo acompañar de los periodistas, y la iniciativa regional, Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), que contribuyó a la compilación de información y presentó un pronunciamiento sobre las violaciones a la libertad de expresión en Panamá.
Aunque no participaron, el Dr. Italo Antinori, ex Defensor del Pueblo (Panamá), y el Committee to Protect Journalists (Nueva York), enviaron pronunciamientos de apoyo en ocasión de la audiencia. El gobierno panameño declinó asistir.
En Panamá hay unos 200 periodistas activos. De estos, noventa (90) enfrentan querellas por calumnia e injuria o desacato, que se encuentran en proceso de investigación; trece (13) periodistas enfrentan más de una demanda, entre ellos, Carlos Singares (8), Jaime Padilla (4), Blas Julio (4) y Jean Marcel Chéry (2).
La mayoría de estos casos penales están relacionados a investigaciones, reportajes y caricaturas sobre la conducta no-ética de funcionarios gubernamentales y otras clases de corrupción. Por eso, no es sorprendente que 36 de las querellas fueron emprendidas por funcionarios públicos, entre ellos, el Procurador General José Antonio Sossa, el ex ministro de Gobierno y Justicia Winston Spadafora (quien actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia), y aún la Presidenta Mireya Moscoso.
PFC ofreció un reconocimiento a la nueva Ley de Libre Acceso a la Información Pública, aprobada en diciembre 2001 y sancionada el siguiente mes, pero señaló que, como sucede con mucha legislación latinoamericana, no parece existir la voluntad política para aplicarla. |