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La presidenta Mireya Moscoso pidió a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), reconsiderar la concesión otorgada a la compañía International Container Inspection Systems, para inspeccionar con un sistema de rayos x los contenedores que llegan y salen de los puertos, a cambio del cobro de una tasa de entre 30 y 40 balboas.
Moscoso giró instrucciones para que antes de proceder con dicha contratación se efectúe un estudio que determine la necesidad de tal servicio y las repercusiones que tendrá sobre los costos de las operaciones portuarias y la competitividad de la actividad. Además instó a la AMP, para que, de resultar necesario el sistema en mención, la contratación de produzca por licitación.
Agrupaciones de empresarios, industriales, exportadores y productores rechazaron la implementación de la inspección, afirmando que esto representará pérdidas anuales de 90 millones de balboas para sus respectivos gremios.
De acuerdo con el Sindicato de Industriales, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre y la Cámara Marítima, la intención de la AMP encarecería las importaciones que vienen a Panamá, pondría en serio peligro el negocio de transbordo de contenedores y disminuiría la competitividad de los mismos.
El Presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC, Giovanni Ferrari, afirmó que sería imposible para un gobierno inspeccionar cada uno de los 1.3 millones de contenedores que se mueven anualmente. Al contrario, haría el proceso de transbordo más lento.
En palabras del expresidente del SIP, Darío Selles, "serían decenas de millones de dólares por un servicio que no se necesita".
En tanto, el contralor Alvin Weeden rechazó que una inspección que corresponde a la seguridad del Estado, sea delegada a una empresa. |
