 |
|
El presidente del Congreso Legislativo de Guatemala, el general retirado José Efraín Ríos Montt, y 24 diputados oficialistas más han perdido la inmunidad parlamentaria y deberán enfrentarse a la Justicia acusados de violar la Constitución y otros cinco delitos. |
El presidente del Congreso Legislativo de Guatemala, el general retirado José Efraín Ríos Montt, y 24 diputados oficialistas más han perdido la inmunidad parlamentaria y deberán enfrentarse a la Justicia acusados de violar la Constitución y otros cinco delitos.
Así lo determinó antenoche la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una resolución calificada de "histórica", que declaró que ha lugar al antejuicio, procedimiento judicial aplicado a dignatarios protegidos por la inmunidad, promovido por la oposición política.
La decisión fue tomada por el alto tribunal guatemalteco al término de trece horas de deliberaciones y cuando ya se habían vencido todos los plazos y agotado los recursos legales.
De acuerdo con el fallo, leído ante la prensa al filo de la medianoche local (6.00 GMT de hoy) por el presidente de la CSJ, Hugo Maul, hay indicios que "podrían configurar los delitos denunciados", por lo que "resulta imperativo declarar la procedencia del antejuicio".
"Se hace necesario que, mediante el debido proceso, se investiguen las circunstancias en que pudieron ser cometidos (los delitos) y la posible participación de los diputados al Congreso contra quienes se sigue el antejuicio", agrega la resolución.
Los congresistas son acusados de incurrir en falsedad material e ideológica, abuso de autoridad, destrucción y ocultación de documentos y evidencias, incumplimiento de deberes y resoluciones que violan la Constitución por alterar la Ley de Impuesto sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas, Otras Bebidas Fermentadas y Bebidas Gaseosas.
Según la denuncia, presentada por el secretario general del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Leonel López, los diputados oficialistas rebajaron en un 50 por ciento las tasas de las bebidas afectas al citado cuerpo legal sin la aprobación del pleno.
En el fallo, la CSJ deja abierta la puerta para que se designe a un juez de primera instancia penal que debe pedir al Ministerio Público o Fiscalía emprender la investigación respectiva.
El único magistrado de la Corte Suprema que razonó su voto fue Hilario Roderico Pineda, pero Maul no reveló los argumentos que expuso.
Los trece magistrados de la CSJ aseguraron que han actuado con "absoluta objetividad e imparcialidad" en este proceso, que empezó el 23 de agosto del año pasado cuando el PAN presentó la denuncia.
El alto tribunal cambió ayer al menos cinco veces la hora para dar a conocer la resolución, ante la expectativa de una veintena de periodistas nacionales y extranjeros, así como de un grupo de activistas defensores de los derechos humanos, que hicieron antesala.
Dirigentes del Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia, integrado por 38 organizaciones representativas de la sociedad civil, se habían manifestado durante la mañana para exigir el enjuiciamiento de Ríos Montt y los demás diputados.
"¿La Corte o la tortuga? ¿La impunidad o la Justicia?", eran algunos de los lemas que guiaron las manifestaciones de descontento del Movimiento, surgido a raíz del escándalo que supuso la alteración de la ley de bebidas alcohólicas y conocido como el "Guategate".
El principal exponente del movimiento, el sociólogo Miguel Angel Sandoval, dijo a ACAN-EFE que la resolución de la CSJ tiene un alcance histórico porque es la primera vez que un presidente del Congreso Legislativo va a juicio.
Ríos Montt gobernó "de facto" el país entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, a raíz de un golpe contra el entonces presidente, el general Romeo Lucas García.
El fallo fortalece el Estado de Derecho y a partir de ahora habrá en la Asamblea Legislativa un grupo de personas "ilegítimas e impopulares", apuntó Sandoval, quien encabezó las protestas que desde septiembre celebró cada martes frente al Parlamento el Movimiento.
Por su parte, el portavoz de la Alianza contra la Impunidad, Miguel Angebizures, señaló que este fallo contra la impunidad puede hacer que los ciudadanos recobren la confianza en la Justicia.
"Es el peor golpe que recibe Ríos Montt en su vida y lo tiene merecido", indicó el dirigente al anunciar que su organización insistirá en pedir que los diputados acusados sean retirados del Congreso porque han perdido la legitimidad.
La resolución de la CSJ ha sido emitida una semana después de una de las peores crisis políticas que ha vivido el Gobierno del presidente Alfonso Portillo, instaurado en enero de 2000, debido a los insistentes rumores de golpe de Estado que circularon.
El FRG cambió la semana pasada un artículo de la Ley Orgánica del Congreso de la República que permitirá a Ríos Montt mantenerse en la Presidencia del Organismo pese a la declaración de que ha lugar a la retirada de la inmunidad y la apertura de juicio en su contra. |
