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EDITORIAL
Constitución y corrupción
Los discursos pronunciados ayer por la mandataria Mireya Moscoso y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, nos adelantan la necesidad de lograr una nueva Constitución Nacional.
Arosemena fue más directo sobre el tema y propuso un acuerdo nacional para dotar a Panamá de una nueva Carta Magna; mientras que la jefa del Ejecutivo resaltó que ha llegado el momento de iniciar una reforma sustancial del Estado panameño.
Para nadie es un secreto que el fantasma de la Constituyente ronda en Panamá a raíz de los hechos de corrupción que alcanzan a legisladores, políticos y empresarios.
Tal como sucedió con los trágicos sucesos del 11 de septiembre que sacudieron a los Estados Unidos, las denuncias de corrupción confesadas por los propios legisladores han provocado un terremoto político en Panamá, que amenaza con hundir la estabilidad de los poderes del Estado.
En una autocrítica digna de valentía, el presidente de la Asamblea reconoce que la credibilidad, transparencia y prestigio de ese órgano del Estado ha quedado seriamente lesionada y advierte el peligro de que éste colapse.
Por eso es lamentable que la bancada oficialista busque excusas y argumentos infantiles para no levantarse la inmunidad y facilitar las investigaciones del Ministerio Público, para determinar la veracidad o no de las denuncias de sobornos en la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios.
El oficialismo debe imitar a sus colegas de la oposición y despojarse de una inmunidad, que hoy más bien se percibe como una patente de corso y una ventaja sobre el resto de los ciudadanos.
Cuando al maleante del barrio se le encarcela por robarse una gallina, los sindicados de recibir sobornos por miles de dólares no pueden ser investigados plenamente, porque gozan de prerrogativas, que afectan el trabajo de los agentes del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.
El pueblo está harto de las excusas y reclama castigo para los responsables de los casos de corrupción. No se pueden apadrinar hechos vergonzosos, porque estamos proyectando un mal ejemplo a la juventud de que el crimen paga y que en Panamá todo se olvida.
Ya la opinión pública está asqueada de la corrupción y reclama una sanción ejemplar. No se puede seguir jugando con la paciencia de un pueblo, porque ésta tiene un límite.
El país reclama justicia y transparencia en la gestión pública, así como acciones moralizadoras, que despierten la conciencia ciudadana y que sirvan de escarmiento para que los escandalosos casos de sobornos legislativos, no se repitan jamás.
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PUNTO CRITICO |
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