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Nuestra legislación penal es, sumamente, poco vigorosa en la aplicación de sanciones contra aquellos que delinquen en el campo de la Administración Pública. La elevación de las penas en ese sentido le darían un fuerte escarmiento a los delincuentes de cuello blanco que, sin reparo alguno, se vuelven millonarios de la noche a la mañana en el desempeño de distintos cargos públicos, sean de mediana o alta responsabilidad. Como las altas sumas que se meten en los bolsillos no es posible ocultarlos, cuando abundan ilícitamente, éstas se reflejan en la alta vida que llevan, en los bienes materiales que elevan a escrituras públicas con todas las de la ley, participando incluso como accionistas en numerosos negocios con el dinero indebidamente obtenido, pero por más que se abunden en recomendaciones, impera aquello de "quién le pone el cascabel al gato".
Pero que no quede sin sustentación las puertas de escape que tienen los delincuentes de la administración pública, el artículo 322 del Código Penal señala textualmente: "El servidor público que se apropie de dineros, valores, bienes u otros objetos cuya administración, percepción o custodia le hubiesen sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 2 a 10 años y hasta 250 días-multa".
Pareciera que el legislador bajo alguna reserva estableció una pena de 2 a 0 años para ese delito, en la que muchas veces el encargado de administrar justicia, con esa benevolencia que le es propia y son muchas sus razones de ser, preferiría detenerse en los 2 años, porque así se lo permite la disposición antes citada, aparte de que podría favorecerle al autor del delito las demás atenuantes, con la posibilidad de que salga por allí por esas calles de Dios muy orondo, burlándose de la sociedad por ministerio de la ley.
Sería largo un examen pormenorizado del Título X del Código Penal que se refiere a los Delitos Contra la Administración Pública, pero una modificación en todos sus aspectos, en estas circunstancias resulta ilusorio, ya que una tarea de tal magnitud constituiría una revolución de extremada disciplina en todos los cargos públicos, comenzando porque una Asamblea Legislativa de suficiente entereza se atrevería a hacer los correctivos del caso, cosa que está muy lejos de ocurrir en estas circunstancias, mientras se pregona voz en cuello que disfrutamos de una democracia. |