 |
Miembros de la comunidad participan en la conferencia de prensa.  |
Un nuevo conflicto por la posible instalación del proyecto hidroeléctrico, parece avecinarse en la provincia de Veraguas, luego que moradores de comunidades cercanas al río Santa María se encuentran en estado de alerta, debido a que se sienten atropellados con estas iniciativas.
Aún no se encuentra una solución para los conflictos existentes en el sector del Tabasará, cuando surge un nuevo caso relacionado con este tipo de actividad que implica la reubicación de poblaciones y el embalse de ríos en la región, específicamente en los distritos de Cañazas y San Francisco.
En este caso se ha creado la Coordinadora por la Defensa de las tierras y el río Santa María, que denunció que los moradores de estas regiones han sido atropellados por las intenciones de los empresarios que pretenden construir esta hidroeléctrica.
Durante una conferencia de prensa realizada en Santiago, señalaron a los propietarios de las empresas Motel Gran David, Hacienda el Rodeo y Agroindustrias Alimenticias S.A., como los responsables del proyecto que van a desarrollar en estos sectores, ya que éstas conforman el Consorcio Hidroeléctrico Santa María, por medio del cual se les pretende sacar de sus tierras.
José Manuel Pérez, uno de los integrantes del comité denunció que a gran parte de los afectados se les ha irrespetado el derecho posesorio que tienen sobre las tierras que ocupan, ya que las mismas han sido tituladas a nombre del consorcio ignorando a quienes las habitan y trabajan.
Pérez añadió que este es un proyecto muy riesgoso, que podría poner en peligro el recurso vital que dota de agua potable a la ciudad de Santiago, por ello no desistirán de esta lucha.
Santander Tristán, abogado de los lugareños aseguró que este es un proyecto inconsulto, que afectará a gran cantidad de familias pobres, al despojarlos de las tierras en las que han vivido y trabajado por décadas, y ni siquiera los pretenden indemnizar.
Agregó que los empresarios se han valido de una serie de fallas que existen en la ley agraria nacional para comprar estas tierras, mediante un proceso de adjudicación notificando a las partes por medio de edictos, que definitivamente no van a ver por qué viven en regiones apartadas.
A su juicio en este caso se dieron ilegalidades, y deben responder también las altas autoridades de la Dirección de Reforma Agraria, que dieron oportunidad para que esto se registrara.
EMPRESA SE DEFIENDE
Por su parte David Virzi, propietario de la mayoría de las empresas que son señaladas en el conflicto, destacó que este es un proyecto que está aún por definirse y aseguró que lo que buscan es aportar al desarrollo nacional.
Para el empresario serán más los beneficios que perjuicios, lo que traerá la hidroeléctrica para este sector, puesto que se trata de una inversión cercana a los B/.40 millones, lo que se traduce en oportunidades de empleo para miles de personas.
Destacó que aún no pueden afirmar o negar que el proyecto se concretará, ya que antes es necesario que existan cambios en la legislación panameña, en lo referente al costo de transmisión y la manera en que se puede vender la energía que se genere. |