América Latina ha calcado casi todas las burradas de la derrotada España, y hemos seguido el mismo trillo burocrático de nombrar defensores del Pueblo, acción en nuestro caso que no le veo otro fin que el de pagar planillas.
Fueron los suecos, en 1809 ('ombudsman' es palabra del idioma germánico sueco), quienes instituyeron esa figura en su constitución política, como la entidad encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que pudiesen cometer los poderes del Estado, no como afirma el vulgo y el mundo coloquial, que fue porque los suecos, además de inventar los cómodos zapatos de palo, se hacen los "suecos", a la hora de pagar deudas.
¿Para qué un defensor del Pueblo en Panamá?, si el que ocupe ese puesto en un país tan desorganizado es como un "guardia bota'o", con la única posibilidad de que lo inviten a cuanta recepción oficial ocurra bajo nuestro "hado cielo"; esa entidad no tiene ningún peso para defender a mujeres amenazadas ni a ningún emponzoñado por el Seguro, así como tampoco el de esgrimir una gloriosa banderola "rojinegra" del Suntracs para evitarles a los guaymíes el exterminio por la minería a cielo abierto.
Un representante de corregimiento como Nelson Vergara para dar un ejemplo es un "médiatur de la republiqué" (así les llaman en Francia), allá en "La 24" y así cada una de las autoridades que no se haya mareado en el puesto es un auténtico defensor del Pueblo.
El único lugar donde sería escuchado con atención un "ombudsman" en Panamá sería en la Santa Misa y eso si lo ponen a leer las invocaciones, para que los fieles respondamos después de cada lectura: Padre Santo, escúchanos.
